By La propuesta incluye cambios legales para reducir costos, regular remuneraciones y modificar procesos de fiscalización electoral.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Senado de la República una nueva iniciativa en materia electoral que plantea, entre otros puntos, la posibilidad de realizar ejercicios de revocación de mandato durante el tercer o cuarto año de cada sexenio, así como ajustes al marco legal que regula el funcionamiento de autoridades y partidos políticos.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria detalló que el planteamiento busca establecer reglas más flexibles para la consulta de revocación, permitiendo que pueda llevarse a cabo en 2027 o 2028 en el caso de su administración, y bajo criterios similares para futuros gobiernos.
“Lo enviamos hoy al Senado de la República. La revocación de mandato se establece que pueda ser en 2027 o en 2028 y, a criterio de los siguientes presidentes, igual”, explicó.
De concretarse el escenario en el tercer año de gobierno, el ejercicio coincidiría con 2027, lo que abriría la posibilidad de que la titular del Ejecutivo federal se someta a evaluación ciudadana a la mitad de su mandato. La legislación vigente contempla además un periodo previo de promoción, lo que permitiría a la persona en el cargo difundir su gestión antes de la consulta.
La iniciativa también incorpora modificaciones relacionadas con la organización de elecciones judiciales, con la intención de empatar estos procesos en el calendario electoral del próximo año, según lo expuesto por la propia presidenta.
Sheinbaum reiteró que uno de los ejes de su propuesta es reducir el costo del sistema electoral mexicano, particularmente en lo que respecta al financiamiento de partidos políticos y la estructura de representación proporcional.
“Voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, en los partidos políticos y en el tema de plurinominales”, señaló.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la iniciativa contempla reformas a 12 disposiciones de la Ley General de Procedimientos Electorales. Entre los cambios propuestos destacan la fijación de topes a las remuneraciones en el Instituto Nacional Electoral (INE), en los organismos públicos locales y en los tribunales electorales; así como la implementación de mecanismos de fiscalización más estrictos.
Entre las medidas planteadas se incluyen la obligatoriedad de reportar ingresos y operaciones financieras en tiempo real mediante sistemas bancarizados, el uso de herramientas tecnológicas para supervisar recursos, y la prohibición expresa de financiamiento ilícito, aportaciones en efectivo o recursos provenientes del extranjero.
Asimismo, se propone que los cómputos electorales , tanto federales como locales, inicien con la recepción del primer paquete electoral, lo que implicaría ajustes en los procedimientos actuales.
De acuerdo con la titular de Gobernación, el objetivo general de la iniciativa es fortalecer la transparencia, acotar privilegios y ampliar la participación ciudadana en los procesos democráticos.
La propuesta será analizada ahora en el Senado, donde se prevé un debate en torno a sus implicaciones legales, operativas y políticas dentro del sistema electoral mexicano.
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