By La síndica procuradora Teresita Balderas hizo un llamado directo a cámaras empresariales, organismos civiles y ciudadanía en general para que se acerquen a la Sindicatura y presenten denuncias ante cualquier acto de arbitrariedad o irregularidad detectada en el actuar de servidores públicos.
“Estamos abiertos a escucharlos. Hasta el momento no hemos recibido denuncias formales, pero sí hemos atendido inquietudes que nos llegan a través de los medios y la ciudadanía. Queremos que sepan que tienen la puerta abierta”, expresó Balderas.
La funcionaria subrayó que, aunque otros organismos se han manifestado públicamente sobre presuntas anomalías, la Sindicatura no ha recibido documentación oficial al respecto. No obstante, aseguró que están dando seguimiento a los señalamientos que se han hecho públicos.
En materia de atención al turismo, Balderas informó que se trabaja en una aplicación móvil que permitirá a los visitantes solicitar ayuda inmediata en caso de sentirse vulnerables ante alguna autoridad.
“Desde el inicio de la administración hemos tenido reuniones con comerciantes del centro. Ya implementamos kioscos en negocios para canalizar quejas, y ahora esta app vendrá a reforzar la protección tanto para turistas como para residentes”, explicó.
La síndica destacó que cualquier acción implementada por la Secretaría de Seguridad será respaldada por la Sindicatura, siempre que esté debidamente reglamentada.
Respecto a los señalamientos contra elementos policiacos por presuntos actos de corrupción, Balderas reconoció que muchas denuncias han sido mediáticas, pero pocas se han formalizado ante la Sindicatura.
“Esperamos que en 2026 haya mayor participación ciudadana. De las aproximadamente 600 denuncias que hemos recibido, el 50% ya cuenta con resolución y el resto sigue en trámite”, detalló.
Las denuncias más frecuentes están relacionadas con servidores públicos, policías, asuntos internos y omisiones en la entrega-recepción de declaraciones patrimoniales.
Finalmente, Balderas informó que se ha iniciado una investigación sobre la reciente tala de árboles de más de 30 años en la Zona Río, tras cuestionamientos sobre la legalidad de los permisos otorgados.
“Vamos a revisar si existe normativa que respalde estas acciones. La Sindicatura tiene la obligación de verificar que todo lo que implemente el gobierno municipal esté debidamente reglamentado”, afirmó.
La funcionaria reiteró que una de las políticas públicas del actual gobierno es la recuperación de áreas verdes, por lo que cualquier acción contraria será revisada con rigor.
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