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Estos serán los nuevos costos para tramitar la visa y acceder a EU a partir de octubre de 2025

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A partir del 1 de octubre de 2025, los mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos enfrentarán cambios importantes en el trámite de sus visas.

Una de las principales novedades es la implementación de la llamada Visa Integrity Fee, un cargo adicional de 250 dólares que se sumará a las tarifas tradicionales para la mayoría de las visas de no inmigrante.

Esto significa que, en el caso de la visa de visitante B-1/B-2, el costo total podría alcanzar los 435 dólares al combinarse con la tarifa de 185 dólares por procesamiento consular, aunque el Departamento de Estado aún no ha confirmado la cifra exacta para cada nacionalidad.

El nuevo recargo no sustituye ni elimina otras cuotas, como las tarifas de reciprocidad que se aplican en algunos países, y tampoco será opcional.

Según lo informado por firmas legales como Nilan Johnson Lewis y la asociación NAFSA, este cobro adicional se exigirá prácticamente a todos los solicitantes de visas de turismo, estudiantes y trabajadores temporales.

Aunque la ley contempla la posibilidad de reembolso si el titular cumple con los términos de la visa y abandona el país en tiempo y forma, no existen aún detalles claros sobre el mecanismo ni sobre los plazos en que se aplicaría esta devolución.

Otro cambio significativo afecta al cruce terrestre. El conocido formulario I-94, utilizado para registrar entradas y salidas en los puertos fronterizos, pasará de costar 6 a 30 dólares.

Este incremento fue aprobado en la legislación fiscal estadounidense para el ejercicio 2025-2026 y se aplicará a partir del 30 de septiembre de este año, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Para quienes viajan frecuentemente por carretera entre México y Estados Unidos, este ajuste representa un gasto acumulado que podría impactar la movilidad de familias y comerciantes en la zona fronteriza.

Las entrevistas consulares también regresan como un requisito casi universal. Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno estadounidense flexibilizó las reglas y permitió que miles de solicitantes renovaran su visa sin acudir en persona a un consulado.

Esa excepción ha llegado a su fin. Desde el 2 de septiembre de 2025, la mayoría de los solicitantes, incluidos quienes buscan renovar su documento, deberán presentarse a una entrevista con un oficial consular. Incluso los grupos que antes gozaban de exenciones, como menores de 14 años o adultos mayores de 79, tendrán que someterse al proceso en la mayoría de los casos.

El Departamento de Estado señaló en su portal oficial (travel.state.gov) que las nuevas directrices buscan fortalecer la seguridad y la integridad del sistema.

Estas medidas ya han comenzado a ejercer presión sobre las agendas de los consulados en México, donde las citas para la visa de turista suelen tener largas listas de espera.

Aunque algunos reportes extraoficiales mencionan demoras de hasta 12 meses en ciudades como Tijuana o Guadalajara, lo cierto es que no existen cifras oficiales actualizadas que confirmen esos plazos.

Lo que sí advierten expertos en movilidad internacional es que los tiempos podrían extenderse considerablemente, lo que obliga a los solicitantes a planificar sus viajes con muchos meses de anticipación.

Más allá de los costos y de la entrevista obligatoria, también entran en vigor otros requisitos de viaje. Desde el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige a todos los pasajeros que aborden vuelos domésticos dentro de Estados Unidos portar una identificación REAL ID o un documento equivalente aceptado.

Esto significa que los viajeros mexicanos deberán prever no sólo la vigencia de su visa y pasaporte, sino también la validez de los documentos de identificación necesarios para desplazarse dentro del país vecino.

El impacto económico de estas medidas no es menor. Para una familia mexicana de cuatro integrantes que tramite visas de visitante, el costo en tarifas oficiales podría alcanzar los 1,740 dólares, sin contar gastos de viaje y hospedaje para acudir a la entrevista consular.

En comunidades fronterizas, donde la movilidad transfronteriza es parte de la vida cotidiana, los incrementos representan un obstáculo adicional para la convivencia familiar, el comercio y la educación. Empresarios han advertido que la nueva política también podría desincentivar los viajes de negocios de corta duración, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

 

 

 

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