La administración de Claudia Sheinbaum abre espacio para el diálogo con el sector aéreo estadounidense, en medio de crecientes presiones regulatorias y comerciales impulsadas desde Washington.
En un contexto de creciente tensión bilateral en el sector aéreo, el gobierno de México ha iniciado conversaciones formales con aerolíneas estadounidenses para mitigar el impacto de las sanciones anunciadas por el Departamento de Transporte de EE.UU., tras la reubicación obligatoria de vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).



La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la apertura de una mesa de diálogo que involucra a autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva, así como a representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El objetivo: encauzar una solución diplomática que evite mayores afectaciones logísticas y comerciales en uno de los sectores más sensibles de la relación México–Estados Unidos.
El anuncio del secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, sobre posibles restricciones a vuelos comerciales mexicanos y la revisión del estatus antimonopolio de la alianza Delta–Aeroméxico, marcó un punto de inflexión. Las medidas, interpretadas como una represalia ante la política de centralización de operaciones en el AIFA —implementada desde 2023—, intensificaron la incertidumbre en torno a los equilibrios de conectividad y competitividad aérea en la región.
Las aerolíneas estadounidenses han respaldado el enfoque sancionatorio de la administración de Donald Trump, alegando afectaciones operativas por la reconfiguración de horarios y rutas en el espacio aéreo del Valle de México. La presión política y corporativa refleja una pugna no resuelta sobre la viabilidad comercial del AIFA y el papel regulador del gobierno mexicano en uno de los hubs aéreos más activos de América Latina.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que algunas de las exigencias planteadas por las aerolíneas “son atendibles”, mientras otras serán revisadas bajo un enfoque de soberanía operativa. “Se va a resolver”, afirmó, en alusión a un acuerdo bilateral que equilibre los intereses estratégicos sin comprometer decisiones de infraestructura definidas por el Estado mexicano.
La mandataria enfatizó que varias de las solicitudes ya fueron implementadas en el AIFA y que otras serán evaluadas con apertura, pero sin renunciar al objetivo de consolidar este aeropuerto como eje logístico clave para la zona metropolitana del Valle de México

















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