By El diputado Marco Antonio Novelo Osuna propuso ante el Pleno del Congreso local pena de hasta 24 años de prisión, para quien de manera ilegal entregue a un menor en adopción.
La propuesta fue presentada este día durante la sesión ordinaria, la cual fue conducida por el diputado Julio César Vázquez Castillo, presidente de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura.
La Iniciativa, que está respaldada por los integrantes de los partidos, Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES), además del diputado Mario Osuna Jiménez, del PAN, propone reformar el artículo 238 y 238 bis, ambos del Código Penal del Estado.
El primero de estos artículos se refiere al tipo y penalidad que alcanza quien al tener a su cargo la custodia de un menor, de manera ilegal lo entregue a un tercero para su custodia definitiva, a cambio de un beneficio económico, en cuyo caso se propone aplicar prisión de ocho a veinticuatro años de prisión y hasta mil 200 días multa.
Además, si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio económico, la pena aplicable al que lo entregue será de seis a 18 años de cárcel.
En el caso del artículo 238 bis, se propone incrementar la pena hasta en una tercera parte más, cuando el autor sea, o haya sido, integrante de alguna institución de asistencia social o de seguridad social o corporación policial, hasta en un año después de haber concluido el empleo, cargo o comisión, y no alcanzará fianza.
“Que sepan quienes en Baja California han pensado traficar con menores, que las penas por la comisión de ese delito serán ejemplares. Las personas no son artículo de comercio; no se compran ni se venden, por lo que proponemos se aumenten las penas sin derecho a fianza. La vida de los infantes y de los seres humanos en general no tiene precio”, advirtió Novelo Osuna.
Antes, el diputado ensenadense se había referido a los hechos suscitados en el vecino estado de Sonora, donde funcionarios públicos aprovecharon el procedimiento legal para la entrega recepción de infantes y en lugar de ponerlos a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor, o internarlos en el DIF, los entregaban ilegalmente a parejas que deseaban adoptar y se hacían pasar por sus padres biológicos, para que plasmaran la firma y huella de la planta del pie del recién nacido, a cambio de dinero.
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