By Por no acreditar el interés jurídico ni afectación directa, el juez Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, sobreseyó un amparo promovido por 58 mil quejosos en contra de la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la franja fronteriza.
Por decreto, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para homologar el IVA en la franja fronteriza del 11% al 16%.
En su resolución, el juzgador indicó que los quejosos no acreditaron ser sujetos pasivos del impuesto reclamado ni tampoco ser residentes de Tijuana.
«Con fecha 24 de junio de 2015, la autoridad jurisdiccional resolvió sobreseer dicho amparo, por haberse señalado al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación sin precisarse, vía agravio, vicios propios en el proceso legislativo», señaló.
Comentó que los quejosos presentaron copias de las credenciales para votar expedidas en Tijuana, Baja California y en otras entidades, por lo que los más de 58 mil quejosos no acreditaron vivir en la zona fronteriza.
Asimismo, aunque presentaron documentación, no pudieron acreditar que sean afectados por la homologación del IVA en la zona fronteriza, «pues del contenido de dichas documentales no se advierte que pertenezcan a ese grupo y que se les haya aplicado la hipótesis normativa controvertida».
En agosto del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las fronteras, que pasó del 11 al 16% no viola la garantía de equidad tributaria.
Con nueve votos a favor y uno en contra, el máximo tribunal declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados y senadores de oposición que buscaban la invalidez del decreto publicado en el Di
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