By La Procuraduría General de la República (PGR)recibió la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para congelar cuatro cuentas bancarias del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Fuentes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmaron que la petición forma parte de las investigaciones por el presunto desvío de recursos detectados en las cuentas de erario de la entidad, en la que están involucrados familiares y socios del ex mandatario.
La solicitud del congelamiento de cuentas fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, ante la sospecha de que el origen de los recursos está relacionado con el lavado de dinero.
En la petición están relacionadas cuatro cuentas bancaria, dos de Banamex, una de BBVA Bancomer y otra de Santander, todas a nombre de Aguirre Rivero.
De acuerdo con las investigaciones de la UIF, Ángel Aguirre realizó diferentes movimientos de depósito en esas cuentas con cheques de la empresa Comercializadora 2003, una de las investigadas en el desvió de recursos al erario de la entidad.
Como parte de estas investigaciones, en donde están involucradas 19 personas, hasta el momento están detenidos Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex gobernador guerrerense.
Otro detenido es Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración de la entidad, en la gestión de Aguirre Rivero, quien por estos hechos renunció a su militancia en el Partido de la Revolución Democrática.
Este ex funcionario guerrerense está señalado como el operador financiero en el desvío de los recursos de las cuentas del gobierno estatal a tres empresas, en donde sus hijos aparecían como socios o ejecutivos.
Por estos hechos está también detenido Henry Paul Hughes Alcocer, hermano del ex secretario de Finanzas, así como sus hijos Víctor Felipe, Paulo Ignacio, Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta.
Hasta el momento las investigaciones han detectado un posible desvío de recursos por 287 millones de pesos en contra de las finanzas de Guerrero.
Los detenidos recibieron un auto de formal prisión de parte del Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, por lo que permanecen en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.
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