La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California y el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana formalizaron un Convenio General de Coordinación y Colaboración en Materia de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad entre autoridades y sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. El acuerdo busca dar cauce y estructura a las gestiones ciudadanas, así como consolidar un modelo de prevención que responda a los retos que presenta la región fronteriza.
Durante su intervención, Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, subrayó que este esfuerzo se construye desde una visión apartidista, impulsada por el compromiso con la ciudad y no por intereses políticos o electorales. Destacó que el Comité está integrado por representantes del sector empresarial, la industria, el comercio, la academia y organizaciones civiles, quienes participan activamente en la evaluación del desempeño institucional y en la propuesta de soluciones concretas para mejorar la seguridad y la justicia en la entidad.
Flores Campbell resaltó la importancia de mantener una crítica responsable acompañada de propuestas, así como de fortalecer los canales de comunicación entre ciudadanía y autoridades, especialmente en temas sensibles como la extorsión, el cobro de piso y la recuperación de espacios públicos. Reconoció la apertura de las autoridades estatales para escuchar a la ciudadanía y atender problemáticas específicas, señalando que la participación organizada es clave para generar confianza y resultados medibles en la disminución de delitos.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Laureano Carrillo Rodríguez, celebró la firma del convenio como una muestra de la voluntad institucional para trabajar de la mano con la ciudadanía. A un año de haber asumido el cargo, afirmó que escuchar a los comités ciudadanos ha permitido identificar áreas de oportunidad y corregir fallas en la estrategia de seguridad, particularmente en el combate a la extorsión y en la mejora de la percepción ciudadana.
Carrillo Rodríguez detalló que durante 2025 se realizaron más de 60 detenciones relacionadas con extorsión y se desarticularon diversas células delictivas en Tijuana y otros municipios del estado. Asimismo, destacó los avances en la depuración de los cuerpos policiales y en la recuperación de la operatividad, tras el traspaso del C3 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá evaluaciones más ágiles y estrictas para garantizar que los elementos en servicio cumplan con los estándares de confianza y ética.
Entre los asistentes al evento se contó con la presencia de líderes del sector empresarial y representantes del ámbito público, entre ellos Elisa Ibáñez, presidenta de Coparmex Tijuana; Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana; el diputado Jorge Ramos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Baja California, así como representantes de diversas cámaras empresariales, asociaciones civiles y organismos ciudadanos que refrendaron su compromiso con la seguridad y la participación social en la entidad.
















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