By A 20 días del aniversario de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a manos de narcos en colaboración con policías municipales, el grupo de expertos nombrado por la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestiona la versión oficial, pues de acuerdo al peritaje independiente de un especialista, se sostiene que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, un municipio contiguo a Iguala, donde fueron secuestros.
Los expertos, cuya tarea de contrastar las pesquisas oficiales es una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano perteneciente a la OEA, afirman que con base en el peritaje tienen “la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero”.
La conclusión choca directamente con las confesiones de varios detenidos, que de acuerdo con la Procuraduría General de la República reconocieron que los habían llevado a ese lugar en un camión y en una camioneta, y que al llegar al basurero, varios habían muerto ya por asfixia, al ir amontonados en los vehículos y al resto los remataron a tiros. Según estas confesiones, los sicarios y sus jefes, pertenecientes al cártel Guerreros Unidos y aliados con el alcalde de Iguala, confundieron a los estudiantes con miembros del grupo rival Los Rojos. N
El análisis del lugar de la supuesta hoguera donde fueron incinerados, lo realizó el perito en incendios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, José Torero, sobre el terreno y con pruebas científicas en el laboratorio de la universidad australiana de Queensland, de la que es profesor e investigador.
Los jóvenes no fueron incinerados: experto.
José Torero, con experiencia en casos como el atentado contra las Torres Gemelas, determinó, según precisa el informe, que “no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo”.
“Las confesiones realizadas por los presuntos responsables —añaden los expertos, que subrayan que el Gobierno mexicano les ha dado pleno acceso al expediente— no corresponden a la realidad de las pruebas presentadas en este estudio”.
El peritaje de fuego también señala “las limitaciones científicas y técnicas que tuvieron los estudios realizados hasta ahora (…), por lo que sus conclusiones son en su mayoría erradas”. La carbonización de los 43 cuerpos, según los cálculos de Torero, hubiera requerido 30 toneladas de madera, 13 de neumáticos y unas 60 horas de combustión, mientras que los inculpados afirmaron que la hoguera duró de 10 a 15 horas.
“No hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un sólo cuerpo”, expone el informe.
Derriban la versión oficial.
El basurero de Cocula, durante años, había sido usado por lugareños para quemar cosas, y cuando en noviembre el Gobierno concluyó que los estudiantes habían sido incinerados en dicho lugar, con una pira de neumáticos y combustible, la zona presentaba una amplia zona quemada. Lo que pone en cuestión el informe de los expertos, es que esos rastros de fuego se correspondan con la pira en la que los sicarios aseguran haber reducido a ceniza a los estudiantes
“Toda la evidencia muestra que el mínimo incendio necesario para la cremación de estos cuerpos no pudo haberse dado”. “De haber existido un fuego de esta magnitud, los daños generalizados serían visibles en la vegetación y en la basura”, indica el informe. Además, en el laboratorio australiano se hicieron exámenes con piedras y trozos de madera recogidos en el lugar del supuesto incendio para determinar si presentaban muestras de la alta combustión requerida para pulverizar 43 cuerpos.
La versión oficial de que los estudiantes fueron quemados en el basurero, se decanta de una batería de pruebas entre las que se cuentan 487 informes periciales, 386 declaraciones, 99 detenidos, 95 teléfonos móviles investigados y 14 registros, así como restos óseos. Parte de éstos se encontraron dentro de una bolsa en un río de la zona y fueron enviados a un laboratorio austriaco donde un fragmento se identificó, por pruebas genéticas, como correspondiente a uno de los 43 estudiantes de la escuela de normal rural de Ayotzinapa.
Hasta la fecha, es el único de los desaparecidos que ha sido identificado. Según los detenidos, las cenizas y restos mínimos de los cuerpos fueron arrojados en bolsas al río.
PGR hará de nuevo un peritaje
Después de la rueda de prensa, la titular de la PGR, Arely Gómez, ordenó un nuevo peritaje en el basurero de Cocula. La procuradora asumió la “necesidad absoluta” de realizar un análisis forense “consistente con la magnitud del problema”.
También se pronunció, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, «agradeciendo» el trabajo de los especialistas, afirmando que sus indicaciones serán tenidas en cuenta y comprometiéndose a que el Gobierno “seguirá sumando esfuerzos en favor del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”.
Los estudiantes no están muertos sino desaparecidos: OEA.
Los expertos nombrados por la OEA consideran que los estudiantes no deben darse por muertos, sino por «desaparecidos», y que la búsqueda tiene que proseguir. Respecto de los responsables del crimen, coinciden con la Fiscalía en señalar a las policías municipales de Iguala y Cocula como “directos agresores”.
La investigación oficial ha esclarecido que los estudiantes, que se habían apropiado de autobuses de pasajeros para ir al DF, a la manifestación anual en memoria de la matanza de Tlatelolco de 1968, fueron atacados a balazos por policías locales, sin motivo aparente, y finalmente entregados a sicarios de Guerreros Unidos para ser desaparecidos.
En lo que los especialistas difieren es en que la responsabilidad se limite a narcos y policías locales. Afirman que está probada la presencia de miembros de la Policía Federal y del Ejército en distintos momentos y escenarios de los ataques. “Ninguna fuerza del Estado, que estaba teniendo conocimiento de los hechos (…) y fue testigo del nivel de agresiones y violaciones de derechos humanos actuó en protección de los estudiantes”, dice el informe. Los expertos han solicitado al Gobierno entrevistas con soldados del Batallón de Iguala, pero no le han sido concedidas.
(Con información de El País)
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