By A través de un comunicado de prensa, la Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE) se unió al reclamo de diversos organismos de la sociedad civil en materia educativa y expresa su más enérgico rechazo ante el comunicado de prensa número 129 de la SEP mediante el cual revela que ha decidido en forma unilateral suspender el programa de evaluación docente previsto en la ley del Servicio Profesional Docente. Sin evaluación docente se deja sin garantía la idoneidad de maestros y directivos y con ello se socava el derecho de los niños a la educación de calidad.
Alfredo Postlethwaite, presidente de la Copase expresó su beneplácito por el comunicado de prensa del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) “por considerar que no existe justificación alguna, conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido”.
«La educación nacional vuelve a quedar en condición de rehén, por el cálculo político y por la ineptitud de las autoridades para asegurar el orden público y la implementación de la ley. Es una nueva escena de ataque a la reforma, la más grave hasta el momento, pues en este caso es la misma autoridad la que sabotea el proceso»
Calificó dicha suspensión como una afrenta directa al Artículo 3º Constitucional, con un mensaje que no tiene firma de autoridad responsable, ni documento alguno de sustento.
«Implica un rompimiento del orden legal y una invasión de esferas de decisión, pues la Coordinación del Servicio Profesional Docente, que es una oficina administrativa menor, hace una comunicación unilateral, sin respaldo del órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). El calendario de evaluaciones vigente, ese sí fundado y motivado, se presentó en el sitio del INEE el 26 de febrero de 2015.»
El comunicado 129 no tiene tampoco el refrendo de las autoridades educativas estatales, que son quienes emiten las convocatorias. Este anuncio, pues, no tiene en sí mismo fundamento legal y rompe el proceso definido, quita certeza y afecta gravemente a los casi 250 mil docentes y directivos que ya están inscritos para los procesos de ingreso y promoción.
Suspender indefinidamente los procesos de evaluación docente envía un mensaje negativo: el maestro que se capacita y actualiza para presentar el examen debe esperar, mientras que las actitudes antisociales y anti educativas son premiadas. No hay motivo técnico alguno para esta suspensión y se desenmascara así como una peligrosa e ilegal cesión de soberanía ante el chantaje de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Provoca una grave falla de credibilidad en el gobierno, y los ciudadanos rechazamos de manera categórica una incongruencia de esta magnitud.
«Exigimos al Presidente de la República que dé marcha atrás a esta decisión que daña la tan necesaria reforma educativa, y que muestre congruencia en implementar lo que la ley manda»
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