By El pleno del Senado exhortó a las autoridades investigar y fincar las sanciones respectivas a las empresas que sobreexplotaban y mantenían en condiciones inhumanas a trabajadores agrícolas, principalmente de comunidades indígenas, en campos de Baja California, Baja California Sur, Colima y Oaxaca.
El punto de acuerdo se aprobó luego de un debate ríspido y con posturas encontradas respecto a la explotación laboral de migrantes de estados del sur del país.
El documento exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías estatales dar seguimiento a los acontecimientos que ocurren en el Valle de San Quintín, Baja California, a fin de vigilar el estricto cumplimiento de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas.
Asimismo, se acordó que en la próxima reunión de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas se informe sobre la situación de los jornaleros agrícolas y se exhorte a las procuradurías a distinguir el delito de explotación laboral en la demanda correspondiente.
Se solicitó al gobierno federal que inicie una investigación de las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores rescatados e informe al Senado de las sanciones impuestas a las empresas donde se detectaron estas violaciones a los derechos laborales.
También pidieron también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar los informes correspondientes sobre la violación de los derechos humanos de esos trabajadores, que laboraban en condiciones de sobrexplotación y trato inhumano.
En tribuna, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y senador del PRI, Manuel Humberto Cota Jiménez, se pronunció porque las autoridades sean más acuciosas en la vigilancia de los centros agrarios, para evitar abusos y condiciones denigrantes laborales, de derechos humanos y de grupos vulnerables.
“La escasa preparación educativa de estos jornaleros agrícolas y su pobreza ocasionan generalmente que sean víctimas de abuso por parte de los empleadores de mano de obra, quienes vulneran los derechos humanos y laborales de estas personas”, aseveró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su turno, el presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura, Salvador López Brito, lamentó que la explotación de jornaleros agrícolas esté asociada con la necesidad de trabajar y en muchos casos, con la falta de oportunidades.
“Mexicanos que ante situaciones económicas difíciles y en el tema también del desempleo que viven algunas regiones del país, son sujetos de que los sorprendan o de que violen sus derechos”, indicó.
A dichas personas les ofrecen algunas percepciones desde el punto de vista laboral y a la hora de estar en los lugares donde se encuentran los trabajos, no se los respetan, añadió el senador del Partido Acción Nacional (PAN).
Angélica de la Peña Gómez, senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reprochó que con la sobreexplotación laboral se vulneren los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas de diversas partes del país.
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