By En la frontera más dinámica del país, Tijuana se enfrenta a una paradoja estructural: ser punta de lanza en la industria manufacturera y, al mismo tiempo, estar sujeta a reformas laborales que podrían alterar significativamente sus modelos de operación.
Con una base económica orientada a la exportación y una alta dependencia de la flexibilidad operativa, el ajuste hacia una jornada laboral de 40 horas implica no sólo un rediseño de procesos, sino también de mentalidades empresariales forjadas durante décadas bajo esquemas intensivos.
Además, la competitividad de la región no solo depende de los costos, sino de su capacidad para cumplir con los exigentes plazos de las cadenas globales de valor.
En este entorno, la transición laboral se convierte en una pieza más del rompecabezas fronterizo: donde las regulaciones nacionales chocan con las expectativas de eficiencia transnacional, y donde las decisiones laborales deben considerar tanto el bienestar del trabajador como la continuidad del modelo exportador que sostiene a la economía local.
Con este telón de fondo, la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) organizó su primera mesa de trabajo para analizar propuestas y desafíos del sector ante la inminente reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Durante el encuentro, especialistas y representantes de empresas compartieron experiencias, inquietudes y estrategias de adaptación que ya se están probando en el terreno.
“Sabemos que es un hecho la reducción de 48 a 40 horas y este foro nos permitió escuchar cómo lo están abordando las empresas; algunas ya están eliminando el sábado para probar esquemas de menor jornada”, explicó Jorge Luna, secretario de AIMO.
Los asistentes coincidieron en que la reforma debe analizarse con profundidad debido a que sus efectos no se limitan a una disminución horaria, sino que también inciden en temas como la prima dominical, el pago de vacaciones, las horas extras y el equilibrio entre productividad e ingreso.
Uno de los temas más discutidos fue el riesgo de que el tiempo libre adicional lleve a los trabajadores a buscar un segundo empleo, lo que podría impactar negativamente en su salud, descanso y desempeño laboral, además de aumentar la presión sobre el sistema de seguridad social.
“Sabemos que es valioso que los trabajadores descansen más, pero existe el riesgo de que en lugar de eso busquen más ingresos con otros empleos y eso puede generar consecuencias no deseadas”, consideró Luna.
Por su parte, Érika Oceguera, consejera de la Comisión Laboral de AIMO, subrayó que el sector industrial podría enfrentar un incremento del 20% al 30% en sus costos laborales, lo cual representa un riesgo en términos de competitividad ante otros países exportadores.
“Esta reforma necesita acompañamiento, claridad y asesoría, por eso, como asociación, brindaremos boletines mensuales y asesorías especializadas para que las empresas puedan estructurar su transición con información clara”, afirmó.
Mientras tanto, el presidente de AIMO, José Luis Contreras Valenzuela, señaló una omisión crítica por parte del sector público: la ausencia de políticas sociales o educativas que complementen la reducción de la jornada laboral. “No acompaña a esta reducción de jornada ningún programa que coadyuve al desarrollo integral del trabajador, hay una ausencia total del sector público en ese aspecto y es algo que debe atenderse con urgencia”, apuntó.
Para concluir, el dirigente adelantó que se llevará a cabo una segunda mesa de trabajo en la que se presentará un documento técnico con propuestas específicas, construidas a partir de las experiencias compartidas por las empresas afiliadas. El objetivo es llevarlas a las mesas de diálogo nacional convocadas por la Secretaría del Trabajo.
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