By Un día después del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, cuando Felipe Flores Velázquez era secretario de Seguridad Pública de Iguala, Guerrero, compareció ante el Ministerio Público.
Entregó las armas de sus policías, las patrullas, la bitácora de turnos y hasta a los agentes de la corporación para que fueran investigados y se esclarecieran los hechos de esa noche trágica de Iguala; días después se ‘esfumó’.
Flores Velázquez es primo del ex alcalde José Luis Abarca y está acusado de ser uno de los autores intelectuales en la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre. Además, está prófugo.
«No tengo indicios de él en general, estamos buscándolo. Es uno de los principales que estamos buscando», dijo el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre.
No es la primera vez que acusan a Flores Velázquez de participar en un homicidio: Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes del secuestro cometido la noche del 30 de mayo de 2013, de ocho integrantes de la Unidad Popular (UP) afirmó en una declaración notariada que el secretario de Seguridad Pública llegó con Abarca cuando éste mató al activista Arturo Hernández Cardona. En ese secuestro hubo otros dos activistas asesinados.
El 24 de julio, al inaugurar una reunión regional sobre prevención de la violencia y la delincuencia, el entonces alcalde de Iguala se jactaba del trabajo que desempeñaba su primo para «salvaguardar la seguridad de los igualtecos, ‘porque ha sido su preocupación y ha estado al pendiente de los temas relacionados con la seguridad en el municipio'», dijo.
Dos meses después murieron seis personas y desaparecieron 43 normalistas en Iguala. Abarca ordenó a la policía de Iguala y Cocula «contener» a los jóvenes que iban al municipio a bordo de cuatro autobuses. Los oficiales obedecieron.
Al día siguiente de que los policías atacaron a los normalistas y los entregaron a criminales de Guerreros Unidos, todavía se le vio rondar públicamente a Felipe Flores: a las 6:00 horas compareció ante el Ministerio Público por los hechos de la noche anterior.
Según la Fiscalía de Guerrero también se presentó para exhibir el armamento y parque vehicular de los policías de Iguala que estaban de turno la noche del 26 y las primeras horas del 27, con el fin de investigarlos.
El agente del Ministerio Público dio fe de 228 armas de fuego (131 cortas y 97 largas), además de 15 patrullas y la relación de actividades del personal. También fueron presentados 142 elementos de la corporación en las instalaciones del Cuartel Regional de la Policía Estatal de Iguala.
Aunque al menos 23 testigos declararon y reconocieron ante el Ministerio Público que policías de Iguala atacaron a los normalistas, la indagatoria no era sólida, según la Fiscalía estatal, por lo que el secretario de Seguridad municipal salió sin responsabilidad alguna después de comparecer. Ya no se supo de él.
El 27 de septiembre, 22 policías fueron detenidos para ser investigados a partir de las declaraciones de los testigos. Dos días después el MP los acusó de homicidio calificado, fueron trasladados al penal de Las Cruces, en Acapulco, y para el 5 de octubre, un juez les dictó formal prisión.
El mismo 5 de octubre, un juez dictó órdenes de aprehensión contra Felipe Flores Velázquez y otros dos mandos, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado de seis personas.
La versión de que el secretario de Seguridad estaba vinculado con el crimen organizado se fortaleció después de que el 18 de octubre la PGR capturó a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos.
«Señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego, en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez», dijo el procurador Murillo Karam.
No sólo fue eso: Guerreros Unidos recibía de Abarca de «2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales, cuando menos 600 mil, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local». El líder de Guerreros Unidos «corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula» a tal grado de que «el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de los integrantes como policías municipales», dijo Murillo Karam.
La madrugada del 4 de noviembre, Abarca y su esposa fueron capturados en la delegación Iztapalapa, en el Distrito Federal.
Desde el 5 de noviembre, Abarca duerme en el penal del Altiplano, en el Estado de México, acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio; su esposa, Pineda Villa, está arraigada. Flores Velázquez sigue prófugo.
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