By En la explanada de la Plaza de los tres Poderes, la Asociación de Periodistas Universitarios de Baja California (APU), así como periodistas y comunicadores de la localidad manifestaron su rechazo e indignación tras el asesinato del fotoperiodista Ruben Espinosa Becerril.
Asimismo, exigieron que las autoridades investigadoras que no quede impune el caso, y que se haga justicia por Espinosa, y por las familias de las cuatro víctimas que se encontraban con el periodista.
El vocero de la Apu, Eduardo Villa Lugo, explicó que es lamentable la agresión de una persona por ejercer su profesión, y que la ciudadanía se ve afectada ya que los medios de comunicación son uno de los conductos más viables para dar a conocer información.
“Hay gente en Baja California y en otras entidades que está realizando acciones que se está esforzando, por demostrar la opresión que existe, por demostrar del desinterés de las autoridades”
“A eso nos dedicamos nosotros, a denunciar, a dar voz, a facilitar la voz a otras personas que no pueden tenerla” expresó.
Reiteró que se está atentando en contra de la libertad de expresión, ya que si se corta el trabajo periodístico, no solo se afecta al reportero, sino a la sociedad.
Villa Lugo puntualizó que durante la gestión de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, han sido 13 los periodistas muertos, mientras que han sido 88 los asesinados desde el año 2000.
Igualmente, el agremiado de la Apu, Armando Nieblas mencionó que el contacto que ha tenido la agrupación con periodistas radicados en otros estados, indican que al momento de que existe un bloqueo de información por parte de las entidades gubernamentales, el congelamiento de reporteros y funcionarios grabando a reporteros durante su labor, son las primeras señales de que se está atentando en contra del trabajo de los periodistas.
“Es el principio de algo que puede convertirse muy grave” manifestó.
Precisó que no se tienen una política definida en México para prevenir agresiones, y que es necesario que los reporteros y comunicadores se unan para exigir un seguimiento puntual a las autoridades, sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
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