By Autoridades de San Diego analizan un ambicioso paquete de 137 modificaciones a su código de desarrollo territorial que podría transformar distintos aspectos del paisaje urbano, desde la instalación de antenas inalámbricas hasta la operación de cafés al aire libre en Old Town y los incentivos para construir departamentos pequeños.
De acuerdo con un reporte del The San Diego Union-Tribune, el Concejo Municipal tiene previsto votar el conjunto de cambios en abril, como parte de la actualización anual del código de zonificación, un proceso que distingue a San Diego dentro de la región por concentrar en una sola revisión múltiples ajustes regulatorios.
Las propuestas incluyen facilitar la creación de parques de antenas inalámbricas, suavizar las reglas para los cafés y “streeteries” en Old Town y eliminar un incentivo que actualmente exime del pago de ciertas tarifas a desarrolladores que construyen viviendas de menos de 500 pies cuadrados bajo el programa Complete Communities.
El paquete también contempla prohibir nuevas instalaciones de almacenamiento en tramos de El Cajon Boulevard y University Avenue al este de la Interestatal 15, con el objetivo de promover usos comerciales más activos, como restaurantes. Asimismo, exigiría que hoteles, gimnasios y complejos residenciales actualicen los sistemas de calefacción de sus piscinas, pasando de gas a electricidad o energía solar, cuando amplíen sus instalaciones.
Según funcionarios municipales citados por el Union-Tribune, la revisión anual integral permite ajustar regulaciones de manera ágil y corregir efectos no previstos sin someter cada modificación a un proceso legislativo independiente, que implicaría pasar por la Comisión de Planificación, el Comité de Uso de Suelo y Vivienda y el Concejo en pleno.
No obstante, críticos han señalado que agrupar tantos cambios en un solo paquete puede limitar el nivel de escrutinio público que recibirían si se debatieran por separado.
El debate sobre vivienda y tarifas
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de eliminar la exención de tarifas para unidades pequeñas dentro del programa Complete Communities, creado en 2020 para incentivar el desarrollo de vivienda en zonas estratégicas.
Actualmente, los desarrolladores deben cubrir tarifas de infraestructura, destinadas a servicios como bibliotecas y equipamiento público, sólo para unidades de 500 pies cuadrados o más. La ciudad argumenta que eliminar la exención ayudaría a recaudar los recursos necesarios para atender las demandas de infraestructura generadas por el nuevo desarrollo.
“Es para proporcionar los ingresos necesarios para proveer la infraestructura pública necesaria para acomodar el nuevo desarrollo”, explicó la directora de Planificación, Heidi Vonblum, ante la Comisión de Planificación, según el Union-Tribune.
Desde el sector empresarial, sin embargo, se ha advertido que modificar la estructura de costos podría frenar proyectos de vivienda. Representantes de la industria de la construcción han sostenido que eliminar el incentivo afectaría la viabilidad financiera de desarrollos potenciales y, en consecuencia, reduciría tanto la oferta habitacional como la recaudación fiscal futura.
Como posible punto intermedio, la Comisión de Planificación propuso mantener la exención solo en proyectos donde al menos 10% de las unidades cuenten con tres dormitorios, buscando así incentivar vivienda familiar.
Centro urbano y cobertura arbórea
Treinta y una de las propuestas se aplican exclusivamente al centro de la ciudad. Entre ellas figuran reglas más flexibles para mercados de agricultores, nuevos incentivos para desarrollos con jardines en azoteas y medidas para preservar árboles maduros en grandes proyectos.
Un análisis municipal de 2025 citado por autoridades reveló que la cobertura arbórea del centro se redujo más que en cualquier otro barrio en años recientes, lo que ha impulsado esfuerzos para incorporar criterios ambientales en el desarrollo urbano.
Otro cambio relevante es la flexibilización del proceso de aprobación para parques de antenas inalámbricas: estos proyectos ya no requerirían aprobación directa de la Comisión de Planificación, salvo en caso de apelación.
El paquete también incluye ajustes en la regulación de señalización para establecimientos de cannabis, ampliación de permisos para guarderías en Miramar y aclaraciones en normas de prevención de incendios forestales en límites de propiedad.
En materia de cumplimiento, las multas por infracciones al código municipal o estatal de construcción aumentarían hasta 10,000 dólares, muy por encima del rango anterior de 250 a 1,000 dólares, vigente desde 2006. Las sanciones por abandono de propiedades también se elevarían de un máximo anual de 5,000 a 100,000 dólares por inmueble.
Autoridades municipales han señalado que el objetivo es desalentar el abandono prolongado y fortalecer el mantenimiento urbano.
Tras la eliminación reciente de una propuesta que buscaba transiciones más graduales entre edificios de gran altura y viviendas unifamiliares, retirada por la directora de Planificación luego de críticas encontradas, el paquete fue aprobado por la Comisión de Planificación con votación unánime de 5-0 y ahora avanza al Comité de Uso de Suelo y Vivienda antes de su eventual discusión en el Concejo.
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