By El Poder Judicial peruano rechazó hoy por falta de causales un pedido para revisar la sentencia de 25 años de cárcel impuesta al ex presidente Alberto Fujimori por violación a los derechos humanos. Se trata de la segunda derrota en menos de una semana sufrida por el ex mandatario, que también vio rechazada la posibilidad de cumplir la sentencia en su domicilio.
“La decisión se tomó por unanimidad porque no existen causales para revisar la sentencia de 25 años de cárcel que recibió el ex presidente Fujimori en 2009 por dos matanzas durante su gobierno (1990-2000)”, dijo a la prensa Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
Es el segundo revés de Fujimori en los últimos días. El viernes un tribunal especial de la Corte Suprema había rechazado “por infundada” una solicitud formulada por la defensa del ex mandatario para que éste cumpla sentencia en su domicilio.
“Para interponer una revisión de sentencia tienen que darse las condiciones que establece la ley, y no hay en este momento una causal”, precisó Villa Stein. Aseguró que todas las sentencias que llegan a última instancia en el Poder Judicial son “cosa juzgada”, pero “hay casos excepcionales en que aparecen nuevas pruebas” y entonces se busca una revisión del caso.
“En el caso del ex presidente no hay una nueva prueba”, señaló. Fujimori, de 75 años, cumple una condena de 25 años de cárcel, impuesta en 2009, como autor mediato de dos matanzas (Barrios Altos y La Cantuta) durante su gobierno en las que un escuadrón de la muerte asesinó a 25 personas acusadas erróneamente de pertenecer a la guerrilla de Sendero Luminoso. Entre las víctimas había un niño.
William Paco Castillo, abogado de Fujimori, sustentó su pedido de revisión indicando que existe una contradicción entre el fallo condenatorio al ex mandatario y otra pronunciada contra su ex asesor Vladimiro Montesinos y el ex comandante del Ejército Nicolás Hermosa Ríos por los mismos casos.
Villa Stein explicó que la condena de Fujimori “no es irreconciliable” con las decididas contra los integrantes del grupo paramilitar Colina (autores materiales de las matanzas) y Vladimiro Montesinos. Fujimori está preso desde 2007 en una base policial al este de Lima, donde es el único detenido. Allí recibe visitas de familiares y de amistades.
El abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL) y defensor de los deudos de las víctimas de Barrios Altos, consideró que la decisión del tribunal “es una buena noticia” y se declaró satisfecho. “Nos satisface que la Corte Suprema haya tomado una decisión que es la única que correspondía”, enfatizó al canal N de televisión.
Le restó peso, además, al anuncio de que los familiares de Fujimoriacudirán a instancias internacionales para buscar la liberación del ex mandatario, tal como afirmó el fin de semana su hija mayor, Keiko Fujimori. “No hay ninguna posibilidad de que la defensa de Fujimoripueda acudir a una instancia internacional, porque se ha demostrado que no se ha afectado ningún derecho constitucional”, remarcó.
Sin embargo, el expresidente del tribunal que condenó a Fujimori en 2009, César San Martín, declaró hoy que la defensa del ex mandatario ha presentado otros recursos de hábeas corpus en contra de la sentencia con el objetivo de mantener abierta una acción judicial de cara a un cambio de régimen penitenciario.
El magistrado, que también fue presidente del Poder Judicial, calificó estos pedidos de “leguleyadas que no tienen ningún tipo de viabilidad jurídica ni procesal”. Aunque cuando pidió el arresto domiciliario Fujimori puso como argumentos su avanzada edad y mal estado de salud, este fin de semana el ex presidente enfatizó que sigue siendo el líder de su partido.
“Ni siquiera he comprado la tumba ni me encuentro en vías de momificación. Yo soy líder en la historia del fujimorismo. Creo que, con todo derecho, también del Perú moderno”, enfatizó en unas respuestas por escrito que envió desde su prisión a un programa periodístico dominical.
En los últimos años, Fujimori recibió también tres sentencias por delitos de corrupción, que ya se cumplieron, y actualmente es enjuiciado por un cargo de peculado (mal uso de fondos públicos), por el que se ha pedido ocho años de prisión.
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