By Decenas de afectados han manifestado preocupación por la falta de respuesta y comunicación de parte de Landmark, ya que aseguran que han intentado resolver estos problemas mediante múltiples solicitudes sin obtener soluciones concretas.
Propietarios de la primera torre de Landmark Tijuana han denunciado públicamente una serie de anomalías en la administración y operación del desarrollo inmobiliario.
Entre las principales quejas destaca el cobro de 3 mil dólares a cada condómino para la instalación de medidores eléctricos especiales, debido a que la empresa colocó transformadores para uso comercial en lugar de residencial.
Esta situación, según sus denuncias, ha provocado tarifas de electricidad significativamente más altas para los residentes.
En una reunión reciente entre los condóminos y directivos de la empresa, que se viralizó a través de videos en redes sociales, la tensión aumentó cuando los afectados acusaron a Landmark de fraude en la venta de los departamentos.
Algunos propietarios adelantaron que procederán con demandas penales en contra de la empresa por considerar que se les ha obligado a asumir costos que no les corresponden.
Otra de las inconformidades expuestas es el excesivo consumo de energía en las áreas comunes, ya que permanecen iluminadas de manera constante, generando un gasto que recae en los condóminos.
Además, los residentes señalaron deficiencias en la infraestructura, como la falta de extintores en el edificio y el incumplimiento de la normatividad en el estacionamiento. La torre cuenta con sólo ocho cajones para visitas, a pesar de que tiene 191 departamentos, lo que, afirman, obliga a los visitantes a pagar por estacionarse en el centro comercial del complejo.
En ese sentido, los afectados exigen que la empresa asuma la responsabilidad de corregir estos problemas sin trasladar los costos a los propietarios, quienes ya realizaron una inversión considerable en la compra de sus viviendas.
Finalmente, han solicitado públicamente la intervención de las autoridades para regular este tipo de prácticas en el sector inmobiliario y garantizar que los compradores no sean vulnerados por errores o decisiones administrativas de los desarrolladores.
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