By Miembros de asociaciones civiles, líderes empresariales y partidos políticos de oposición mostraron su descontento en una concentración en la Glorieta del Cuauhtémoc.
Por Andrés Barba Gómez
TIJUANA. – Cientos de personas se concentraron en la Glorieta Cuauhtémoc para protestar en contra del Plan “B” de Reforma Electoral. La mayoría de las consignas gritaban “No al autoritarismo” y “El INE no se vende”.
“Es una marcha apartidista, pero queremos unirnos para seguir creando y defendiendo nuestra soberanía”, expresó Sergio Beltrones, integrante de Construyendo Comunidades A. C., quien participó en la movilización junto a líderes de cámaras empresariales, exfuncionarios públicos y miembros de partidos políticos de oposición.
Alrededor de mediodía, la concentración se movilizó por la avenida Paseo de los Héroes hasta el monumento de las Tijeras.
Cabe resaltar la presencia de líderes empresariales, entre ellos el presidente de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay, Luis Armando Padilla Fitch. “Estoy aquí como ciudadano que defiende la autonomía,” resaltó.
Por su parte el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano, resaltó que esta movilización es paralela con la de otras 50 ciudades de la República Mexicana.
“El INE es un organismo reconocido de forma internacional, cualquier cambio en él debe provenir desde la ciudadanía,” apuntó el también abogado empresarial.
Cabe resaltar que durante la manifestación se recolectaron firmas para presentar una protesta por escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Plan “B” de la Reforma Electoral.
Este órgano revisará una acción de inconstitucionalidad que presentarán los Senadores del bloque opositor con la inminente promulgación de la Reforma que afectará en las elecciones presidenciales de 2024.
Entre los cambios más polémicos de la Reforma, según el académico Carlos Barboza Castillo, se encuentra la eliminación de 300 Juntas Ejecutivas Distritales, fondos y fideicomisos del INE. Asimismo, en caso de ser aprobada, las autoridades electorales estarán impedidas para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.
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