By La propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia otros países, impulsada por legisladores republicanos y respaldada de forma indirecta por Donald Trump en su nueva cruzada electoral, ha encendido las alarmas en Tijuana y en otras ciudades mexicanas altamente dependientes de este flujo económico.
Aunque la medida fue bloqueada de momento en el Congreso estadounidense, el solo planteamiento ya ha generado inquietud en sectores económicos y gubernamentales de ambos lados de la frontera.
De acuerdo con datos del Banco de México, durante el primer trimestre de 2025, Tijuana recibió 187.7 millones de dólares en remesas, consolidándose como el segundo municipio con mayor captación de estos recursos a nivel nacional, solo detrás de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La importancia de las remesas en la economía tijuanense no es menor: impactan directamente el consumo local, los pequeños negocios, el acceso a servicios de salud y educación, y en general, el bienestar de miles de hogares. Si la medida estadounidense llegara a materializarse, significaría una merma directa en el ingreso disponible de estas familias y, por ende, una desaceleración del dinamismo económico regional.
¿Golpe al bolsillo más vulnerable?
La iniciativa busca imponer un tributo adicional a un dinero que ya ha sido gravado en Estados Unidos -con tasas que oscilan entre el 10 y el 37% según el IRS-, y que además es enviado principalmente por trabajadores migrantes, muchos de ellos en situación irregular, con empleos precarios y sin seguridad social.
Desde la perspectiva del gobierno mexicano, la propuesta es un acto discriminatorio y violatorio del Tratado para Evitar la Doble Tributación firmado con Estados Unidos en 1994.
En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como un atentado contra los que menos tienen: “Es discriminatorio y viola un tratado firmado. No estamos de acuerdo. Estamos actuando en el terreno político, diplomático y legal para evitarlo”.
Además de enviar una carta formal al Congreso estadounidense, el Gobierno de México convocó a la comunidad migrante a enviar misivas a sus representantes para frenar la iniciativa. Una comisión del Senado mexicano también viajará a Washington para entablar diálogo con sus contrapartes.
Un flujo indispensable y regulado
En 2024, las remesas sumaron 64 mil 700 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto nacional. De ese monto, el 99.1% fue recibido por canales electrónicos, es decir, mediante un sistema financiero formal, legal y trazable.
“El 82% del ingreso generado por nuestros paisanos se queda en Estados Unidos”, explicó el embajador Esteban Moctezuma en una carta enviada al Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes. “Solo el 18% se envía como remesa. Gravar ese monto sería afectar a quienes menos tienen, sin un beneficio real para la economía estadounidense”.
La realidad es que, incluso sin un impuesto adicional, las remesas muestran signos de debilitamiento. De acuerdo con Banco BASE, el enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, sumado al endurecimiento de las políticas migratorias, ya se tradujo en una destrucción neta de 6,000 empleos ocupados por mexicanos entre febrero y abril de 2025.
Este entorno ha generado un efecto de repliegue: muchos migrantes, especialmente indocumentados, han dejado de salir a trabajar o prefieren no realizar envíos ante el temor de ser identificados y deportados.
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