By Hartos de tantos casos de corrupción y de trabajar con recursos muy limitados, los jueces de España propusieron hoy 57 medidas contra esta lacra y advirtieron al gobierno de Mariano Rajoy y todos los partidos políticos de la situación de alarma que se vive en el país.
Y es que los magistrados decanos del país quieren que los jueces que lleven casos de corrupción puedan dedicarse a ellos en exclusiva, las 24 horas del día y no tener que tener más expedientes de hasta 50 casos totalmente diferentes, como ocurre con algunos de sus señorías.
Por ello, la 24ª Reunión Nacional de Jueces Decanos de España aprobó 57 medidas para la lucha anticorrupción que significan una grave llamada de atención al Ejecutivo y políticos españoles sobre este asunto.
“La democracia española se encuentra hoy en una situación muy delicada”, consideró este colectivo judicial que representa a casi dos mil magistrados. Y en especial, dentro de un “indiscutible contexto de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones”, la justicia española se encuentra en “un momento clave en el que está en juego” su prestigio, según los magistrados.
En consecuencia, los jueces pidieron a los poderes del Estado, sobre todo, más medios. Solicitaron el incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 por cien mil habitantes. En España hay once -con 5,300 jueces en activo- y según estos cálculos debería haber 9,660.
Otra solicitud fue contar con más recursos económicos, como mínimo para que la partida de justicia llegue al 3% de los Presupuestos Generales del Estado. En un documento dado a conocer se pueden leer también propuestas de aquellas que se escuchan a menudo de boca de políticos de uno y otro bando y suelen quedar en meras declaraciones.
Y subrayaron que quieren respuestas efectivas e inmediatas porque, dijeron, “tristemente disponemos de un sistema judicial dependiente en lo económico”de dichos poderes, “deficiente en cuanto a medios y obsoleto en cuanto a sus leyes”que determina “una desesperante lentitud de las causas”.
Como ya lo venían pidiendo, los magistrados exigieron una reforma del Código Penal que incluya la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción y la agravación de las penas para estos, además de la introducción del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos y del de financiación ilegal de partidos.
Otra de sus peticiones fue la reducción de la cuota defraudada en delitos contra la hacienda pública (hoy son 120 mil euros) y la agravación de las penas para quienes “indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción”, como en la “omisión del deber de denunciar”.
Asimismo, reclamaron la supresión y limitación de aforamientos, así como eliminar el “privilegio” a ciertas autoridades de realizar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez y restringir los indultos para que solo se concedan los que tengan informe favorable del tribunal.
El sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, que son “excesivamente dependientes de los partidos políticos”, debería también modificarse, según los magistrados.
También demandaron la introducción de profundos cambios en el sistema de selección y nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial e incluso del Tribunal Constitucional, hoy excesivamente dependiente de los partidos políticos, así como la eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos.
El conservador Partido Popular (PP) en el poder en España, recordó el miércoles a los jueces que una parte de sus proposiciones ya están siendo debatidas en el Congreso de los Diputados, en particular, la que se refiere al tráfico de influencias, que será un delito “por primera vez”.
“Se está creando un clima que, a ratos, es irrespirable”, lamentó el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso el 27 de noviembre cuando defendía tres reformas legislativas contra la corrupción, en estudio desde 2013.
Preocupación central: sondeo
La corrupción es una preocupación central para los españoles, de los que seis de cada diez consideran que se trata de uno de los principales problemas del país, según un sondeo publicado este jueves.
Estos escándalos de corrupción, que afectan a los principales partidos políticos en España, a grandes banqueros, estrellas o la monarquía, están en segunda posición de la lista de los principales problemas del país, por detrás del desempleo, que afecta a uno de cada cuatro sujetos activos, según esta encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del 4 al 12 de noviembre.
Un 63.8% de las 2,465 personas encuestadas mencionan la “corrupción y fraude” como una de sus principales preocupaciones, lo que supone un gran aumento frente al 42.7% del mes anterior. El paro es la principal preocupación del 77% de los encuestados.
España ha mejorado ligeramente su marca en el informe anual 2014 de la ONG Transparency International, pasando de 59 a 60 en una escala de 0 a 100 (siendo la mejor nota 100), lo que la coloca en el 37ª plaza de una lista de 175 países. Las imputaciones por casos que en ocasiones se remontan a varios años se han multiplicado.
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