By La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió dos recomendaciones a las autoridades municipales de Matamoros, Tamaulipas, por el “Programa de legalización de vehículos a bajo costo”, en donde se identifica que el mismo no otorga certeza jurídica a los ciudadanos.
En un comunicado, el ombudsman del contribuyente considera que la resolución no es definitivas, y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe autorizar cualquier regularización vehicular.
La Prodecon informó sobre la investigación que siguió a Norma Leticia Salazar, alcaldesa de Matamoros, y a Luis Alfredo Biasi, secretario de Desarrollo y Bienestar Social de ese ayuntamiento, por haber aplicado dicho Programa.
A las autoridades les cuestiona la difusión del programa entre la ciudadanía y se otorguen facilidades para una acción que no proporciona certeza jurídica a los propietarios de vehículos, pues su eficacia final no depende de las propias autoridades locales, al no ser de su competencia.
Señala que las propias autoridades municipales de Matamoros reconocen textualmente en su informe que el programa se efectúa “por el momento” al amparo de suspensiones y sentencias del Poder Judicial Federal que no tienen el carácter de definitivas».
En una segunda observación a las autoridades municipales, la Prodecon advierte que mientras la aduana correspondiente no valide, conforme a sus facultades, la legal internación y estancia de los vehículos, no se podrá producir ninguna regularización de unidades.
Ello, explica, porque es al SAT a quien le corresponde conocer de las presuntas resoluciones judiciales y en su caso, cumplimentarlas.
Es decir, los trámites y pagos que los ciudadanos realicen a las comercializadoras privadas no concluyen por sí solos con la internación legal definitiva del vehículo, mientras la aduana correspondiente no lo valide, reitera.
Así, el organismo solicita a las autoridades municipales informar a los ciudadanos que el trámite y pago a las comercializadoras que están en el predio “Mundo Nuevo”, facilitado por la alcaldía, no concluyen con la legalización de los vehículos.
De esta forma, el organismo recomienda que, en un término de 10 días hábiles, se cumplan las observaciones formuladas.
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