By El diputado Fausto Gallardo García presentó en la máxima tribuna una iniciativa para crear la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Baja California, la cual pretende desvincular la propaganda institucional de los partidos políticos o de la imagen personal de los servidores públicos en funciones.
En la exposición de motivos, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado subrayó que su iniciativa tiene el objetivo de hacer que prevalezca la eficiente aplicación de los recursos públicos, así como la naturaleza institucional de los diversos entes de poder y no intereses de servidores públicos, partidistas o de cualquier otro tipo ajeno al interés común, lo cual pueda influir en las contiendas electorales.
La misma viene suscrita por los diputados René Mendivil Acosta (PRI), Alcibíades García Lizardi (MC), Roberto Dávalos Flores (PRD), Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES), así como por Francisco Barraza Chiquete (PEBC), Armando Reyes Ledesma y Julio César Vázquez Castillo (PT).
La propuesta de ley obliga a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero también a los órganos constitucionales autónomos y a los municipios, a cumplir cabalmente con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución federal, mismo que plantea que la imagen de gobierno debe de contener un carácter institucional y con fines educativos o de orientación social.
Asimismo, Gallardo García propone que la creación o modificación de la imagen institucional se fundamentará en lo que fijen las bases del concurso, para lo cual deberá convocarse a los distintos sectores de la sociedad, como una forma de garantizar un fiel reflejo de la pluralidad ideológica, política, histórica y social, así como de los valores, costumbres y demás elementos culturales propios del pueblo bajacaliforniano.
Por último, el representante popular del Partido Verde mencionó que en la iniciativa de ley queda establecida la participación del Congreso del Estado como una medida de contrapeso; esto es para evitarque en cada cambio de gobierno se presente discrecionalmente una derrama económica importante en el gasto público destinado a la imagen institucional, lo cual impida que con cada administración se creen confusiones por ideas, diseños, expresiones, símbolos o imágenes usadas por partidos políticos o agrupaciones sociales.
“Con la pluralidad del Poder Legislativo y la mayoría requerida para aprobar las bases respectivas, se pretende evitar que alguna imagen institucional influya en los resultados de las contiendas electorales, o que se vinculen la acciones gubernamentales con el partido en que militan las autoridades en turno”, remató Fausto Gallardo.
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