By Cuatro organizaciones defensoras de los derechos civiles demandaron hoy al Gobierno por la deportación de madres y niños inmigrantes que, según la querella, huyen de la violencia en Centroamérica.
El Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión de Libertades Civiles, el Proyecto Nacional de Inmigración en el Gremio de Abogados y el Centro Nacional para Ley de Inmigración presentaron su demanda en nombre de mujeres y niños inmigrantes recluidos en el centro de detención de Artesia, en Nuevo México.
La querella sostiene que el gobierno del presidente Barack Obama, en aplicación de una política de «mano dura» contra la inmigración ilegal «asegura las deportaciones rápidas exigiendo que estas madres con sus hijos cumplan con requisitos casi insuperables para respaldar su pedido de asilo».
En lo que va de este año fiscal, que concluye el 30 de septiembre, más de 58.000 menores de edad, no acompañados por adultos, han ingresado ilegalmente al país, en su mayoría por la frontera de Texas, según datos oficiales.
La gran mayoría de esos menores procede de El Salvador, Honduras y Guatemala, y una ley estadounidense de 1998, promulgada para combatir el tráfico y la explotación sexual de menores, prohíbe su deportación inmediata sin una audiencia de inmigración.
Los grupos defensores de los derechos civiles y quienes ayudan a los inmigrantes indocumentados sostienen que esos menores, y en muchos casos sus madres, deben considerarse como refugiados que huyen de las amenazas de muerte, las violaciones y las extorsiones en sus países de origen.
«Estas madres y sus hijos han buscado refugio en Estados Unidos porque sufrieron amenazas contra sus vidas», dijo Cecilia Wang, directora del Proyecto de derechos de Inmigrantes en la Unión de Libertades Civiles.
«La ley estadounidense garantiza una oportunidad justa para que busquen asilo», añadió Wang, quien aseguró que «la política del gobierno viola esa ley básica y los valores fundamentales de Estados Unidos».
Según la querella, interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, el gobierno de Obama ha «prejuzgado categóricamente» los casos de asilo sin tomar en cuenta las circunstancias individuales, y ha restringido drásticamente la comunicación de las mujeres y niños en el centro Artesia.
«El trámite apurado de las deportaciones de mujeres y niños desde la detención es un asalto contra el proceso debido», opinó Melissa Crow, directora legal del Consejo Estadounidense de Inmigración.
«No hay forma en que se pueda actuar con justicia cuando a tantas personas se las procesa de forma apresurada sin que se les dé oportunidad de sustanciar su pedido de asilo», añadió.
Entre los casos mencionados en la querella se cuenta el de una madre hondureña que huyó a este país con dos hijos pequeños después de recibir numerosas amenazas de muerte y de que el padre de los niños fuese asesinado por una pandilla.
Otra madre, salvadoreña en este caso, llegó a Estados Unidos con dos hijos debido a las amenazas de una pandilla que controlaba su barrio, de la misma forma que escapó una mujer con su hijo de diez meses después que unos pandilleros amenazaron con matar a la criatura, según los demandantes.
Artesia, una localidad de unos 20.000 habitantes en el norte de Nuevo México, alberga en su centro de detención a «mujeres y niños que han sobrevivido los asesinatos brutales de sus seres queridos, violaciones, amenazas de muerte y atrocidades similares, según Trina Realmuto, del Gremio Nacional de Abogados.
«El centro de procesamiento de deportaciones de Artesia carece de las protecciones más básicas», agregó.
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