By Tal y como estaba previsto, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió por unanimidad el llamado “proceso participativo”, es decir, la nueva consulta independentista convocada por el presidente de Cataluña, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre.
De acuerdo a fuentes del Tribunal, la admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión de la convocatoria, así como la de sus actos de preparación en cumplimiento del artículo 161.2 al igual que ocurrió a finales de septiembre con el decreto de convocatoria que se amparaba en la Ley de Consultas de Cataluña.
Además, deja en suspenso todas las medidas acordadas por el gobierno catalán, al menos durante los próximos cinco meses mientras se produce una sentencia sobre el fondo de la cuestión, aunque el tiempo puede prorrogarse si no hay una resolución.
La decisión del Constitucional es automática y a partir de ahora se abre un plazo de tiempo para que las partes de este proceso expresen su opinión. Así, tanto el Congreso como el Senado además del Gobierno de Cataluña o la Fiscalía tienen la oportunidad jurídica de rebatir los argumentos expuestos por el presidente Mariano Rajoy.
El gobierno, en base a los informes del Consejo de Estado y del Abogado del Estado, denunció en su momento que cualquier consulta, tanto las que se han realizado como las que se pretendan realizar son contrarias a la Constitución y desobedecen la orden del Alto Tribunal de suspensión del pasado 29 de septiembre, ya que es un acto jurídico “definitivo”.
La suspensión ordenada por el Constitucional declara la nulidad de todos los actos ya desarrollados como la página web, la cesión del uso de Ayuntamientos, los formularios o el fichero de participantes, pero también declara en suspenso todos los que se pudieran realizar en el futuro con el mismo propósito.
Las preguntas que se pretendían realizar eran: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no”. A continuación, y en caso afirmativo, habría una segunda cuestión: “¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”.
Consulta sigue pese a suspensión
Francesc Homs, portavoz del gobierno catalán, respondió que todo está preparado y que el “proceso participativo” con votación y urnas tendrá lugar pese a la prohibición del Constitucional, pues “es una forma de garantizar la libertad de expresión”. Sin embargo, no precisó cómo lo haría sin cobertura legal o si tenía pensado delegar la organización en plataformas civiles proindependentistas.
El portavoz del gobierno del nacionalista Artur Mas anunció también “la interposición de una demanda contra el gobierno de España ante el Tribunal Supremo (…) por atentar contra el derecho de participación, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad ideológica”.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría confió en que Cataluña acate la resolución judicial. “La ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que cumple o lo que deja de cumplir”, dijo. El gobierno catalán había convocado una primera consulta oficial, que el Constitucional suspendió el 29 de septiembre al admitir a trámite un recurso del gobierno central de Madrid.
Ante este revés, el presidente catalán, el conservador Artur Mas, planteó para el 9 de noviembre una votación simbólica organizada por voluntarios, sin censo previo ni comisión electoral, para que los catalanes se pronunciaran de todos modos.
En un primer momento, el gobierno central de Mariano Rajoy pareció no darle mucha importancia a esta consulta alternativa. Sin embargo, decidió impugnarla porque, según un informe del Consejo de Estado, no se ajusta a la legalidad ni cumple con las garantías democráticas. El gobierno central defiende que la soberanía recae en el conjunto de los ciudadanos españoles, y no en una parte de ellos, en este caso los catalanes.
El viernes, Artur Mas acusó de “abuso de poder” al ejecutivo central, que desde el inicio de esta crisis territorial argumenta que la Constitución no autoriza a una región decidir unilateralmente sobre la unidad de España ya que la soberanía recae en el conjunto de los españoles.
Con este argumento Madrid denegó en abril una petición del parlamento regional para organizar el ansiado referéndum, competencia de la administración central, e impugnó las dos consultas convocadas en las últimas semanas por el gobierno catalán.
Reelegido presidente a finales de 2012, Mas se comprometió entonces a celebrar un referéndum en esta región nororiental orgullosa de su lengua y su cultura propias donde el independentismo ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Muchos nacionalistas ubican la semilla del conflicto en una sentencia del Tribunal Constitucional en 2010, sobre una reforma del estatuto de autonomía catalán de 2006, en la que los magistrados invalidaron el estatus de “nación”.
La crisis económica posterior, que convirtió a este motor económico del país en una de sus regiones más endeudadas, instigó el malestar hacia la administración central a quien se acusa desde el nacionalismo de maltratar fiscalmente a Cataluña.
Esta insatisfacción se ha traducido en tres multitudinarias manifestaciones en ocasión del 11 de septiembre, fiesta regional de Cataluña. La última de ellas llenó dos grandes avenidas de Barcelona con independentistas que formaron una V de 11 km de largo con las franjas doradas y rojas de la bandera catalana.
Si este éxito de la convocatoria se repite el 9 de noviembre, Cataluñapodría verse abocada a unas elecciones regionales anticipadas en las que Artur Mas quiere convencer a los partidos independentistas para presentar una lista conjunta.
Esta opción parece complicada especialmente por la oposición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la segunda fuerza regional que partiría como favorita para ganar los próximos comicios.
Hasta ahora aliados de Mas en este proceso, esta histórica formación de izquierdas ha radicalizado su discurso en las últimas semanas reclamando convocar elecciones para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
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