By El colectivo Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, será implacable contra la Infanta Cristina y pedirá ocho años de cárcel para la hermana del Rey de España, Felipe VI, como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, así lo señala el escrito que presentará entre el 1 y el 9 de diciembre en el juzgado de Palma de Mallorca.
Virginia López Negrete, letrada de la acusación popular, no se conforma con aplicar el delito fiscal, tal y como aparece en el actual Código Penal. La abogada, ajena a las últimas voces y comentarios que hablan de supuestas negociaciones y pactos ocultos, pedirá esos ocho años de cárcel para Cristina de Borbón a quien considera “imprescindible” para que su marido Iñaki Urdangarin defraudara a Hacienda con 337,138 euros en los años 2007 y 2008.
En su escrito la abogada aplica señala que cuando los Duques de Palma decidieron, en dichos años, tributar los ingresos de Urdangarin a través de la sociedad Aizoon, propiedad al 50 por ciento del matrimonio, el Duque se “ahorró” más de 337 mil euros en pagos de impuestos.
Esta maniobra –señala- es tan típica como ilegal. Los ingresos personales, dicho con más propiedad, los rendimientos del trabajo, vengan de donde vengan, se declaran en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF).
Para Manos Limpias, la Infanta, desde el momento en el que era copartícipe de la sociedad ficticia, estaba contribuyendo con su participación en dichas sociedades simuladas o meras pantallas a defraudar al fisco, beneficiándose además de ello, ya que el dinero que recibía Aizoon no se quedaba en su cuenta, sino que se disponía del mismo por sus socios sin que tampoco éstos declararan esos dividendos en su impuesto sobre la renta.
Por todo ello, el texto acusador concluye que Cristina “colaboró en la ocultación de tales beneficios”. En esa línea, el documento sostiene que “la Infanta Doña Cristina ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio, y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en su sociedad Aizoon procedentes de los lucrados por el Instituto Noos”.
Estos ocho años de cárcel será la única acusación que pese contra la Infanta. La Fiscalía Anticorrupción limitará su responsabilidad al plano económico. Le reclamará cerca de 600 mil euros por haber participado a título lucrativo con los delitos supuestamente cometidos por su marido.
Una vez que el juez José Castro tenga en su poder el documento de Manos Limpias, deberá decidir si se aplica o no la doctrina Botín sobre la Infanta, es decir, si la envía al banquillo de los acusados o si archiva definitivamente la causa.
La doctrina impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso de dicho colectivo, y no la Fiscalía o el perjudicado por el delito cometido, como hasta ahora sucede con la hermana del Rey de España
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