By Dice el gobernador Rodrigo Medina que desde el norte de Nuevo León, el Estado que gobierna desde octubre de 2009, es posible ver a simple vista la riqueza que han dejado los hidrocarburos en Texas (Estados Unidos). “Allí en Eagle Ford la pequeña empresa es de 1.000 millones de dólares. Me decía un empresario que el dinero no cabe en los bancos”, cuenta.
El político del PRI, el partido en el Gobierno, se frota las manos pensando que la recién aprobada reforma energética, que abre la industria a las empresas privadas, hará lo mismo por su Estado, que ha sido severamente castigado por la violencia de narcotráfico en los últimos años. “Pretendo que Nuevo León sea la capital energética del país. Queremos ser el Houston de México”, dice sin rodeos.
El anhelo no es ingenuo. Nuevo León está prácticamente flotando en gas. La Cuenca de Burgos, un tesoro subterráneo que corre a lo largo del Estado y que comparte con Coahuila y Tamaulipas, es la reserva más importante de gas natural en México. Para el 2027 los proyectos de explotación en la zona representarán el 35,8% de la producción nacional. “Hemos tenido la visita de más de 100 empresas que quieren arrancar trabajos allí”, revela. La mayoría de ellas, dice, son extranjeras.
Nuevo León es la segunda entidad más rica de México, después del Distrito Federal. Produce el 7% del PIB nacional gracias a que alberga industrias importantes como la del acero y el cemento y porque mantiene una estrecha relación con los empresarios mexicanos. Sus autoridades pretenden convertirla en el centro financiero para los corporativos de las empresas trasnacionales que llegarán en un futuro cercano. El Estado, asegura el gobernador, se verá beneficiado por su cercanía a la kilométrica red de ductos de gas en Estados Unidos.
Medina afirma que las universidades de la entidad, dentro de las que se encuentra el reputado Tecnológico de Monterrey, ya han adaptado sus planes de estudios de licenciaturas y posgrados para formar mano de obra que pueda trabajar en un mercado energético abierto.
En el promisorio panorama del gobernador aparece un nubarrón. Pocos meses después de haber iniciado su administración, los cárteles más poderosos de esa zona del país, los sanguinarios Zetas y el Cartel del Golfo rompieron relaciones. Nuevo León se convirtió en el campo de batalla de una sangrienta disputa que marcó la Administración.
En 2010, año de la ruptura entre los delincuentes, se registraron 828 homicidios. Un año después fueron más de 2.000. Ese fue el pico de una violencia desbocada que desató asesinatos de alcaldes, fugas de prisioneros de las cárceles y provocó un cruel atentado contra la población cuando criminales prendieron fuego al Casino Royale, donde murieron 52 personas. En el aire flota una pregunta. ¿Puede un Estado donde haya sucedido esto ofrecer seguridad a las inversiones que lleguen por la reforma energética? “Es una de las preocupaciones más importantes”, confiesa Medina.
El gobernador se dio cuenta de que estaba combatiendo la afrenta del narcotráfico “con muy pocos elementos”. “Nuestras policías locales estaban poco preparadas. Habían sido infiltradas, eran corruptas. El panorama se puso más difícil de lo que esperábamos”, confiesa. Entre 2010 y 2011 más de 140 agentes fueron asesinados. Muchas de esas vidas fueron cobradas por sicarios que exterminaban policías bajo la sospecha de que simpatizaban con sus rivales.
El Gobierno decidió comenzar desde “menos cero” una transformación. 4.000 policías fueron despedidos y una institución en la que se pudiera confiar fue creada. En 2011, sin embargo, nadie quería ser policía en Nuevo León. Las autoridades tuvieron que abrir la cartera para hacer más apetitosa la oferta de Fuerza Civil, un organismo de seguridad que duplicó los sueldos de sus elementos, que pasaron de ganar 8.000 pesos mensuales (611 dólares) a 18.000 (1.376 dólares).
Para apagar el incendio de la inseguridad fue necesario mucho dinero. El Estado pasó de invertir en seguridad el 2,8% del presupuesto al 9% para 2014. Se construyeron cuarteles de Fuerza Civil y la Armada para brindar seguridad a las carreteras de las zonas rurales, que por años acumularon reportes de desapariciones, secuestros y asaltos.
El esfuerzo comienza a dar frutos. En el primer semestre de este años se han registrado 262 homicidios, una reducción del 73% desde el pico de 2011. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce una disminución “drástica” de la violencia del narcotráfico y del crimen común en Monterrey, la capital del Estado, en los últimos 18 meses, pero desaconseja viajar más allá de la ciudad.
La inversión económica del Gobierno requirió sacrificios. Proyectos y programas fueron cancelados, y más de 1.500 burócratas fueron despedidos para hacer más eficaz la Administración. El esfuerzo ha pasado factura y hoy Nuevo León tiene una deuda de 58.000 millones de pesos, la segunda más elevada del país después del Distrito Federal.
Rodrigo Medina asegura que “está preparado para dar garantías de seguridad a las inversiones” sin importar que lleguen a una zona colindante con el inseguro Tamaulipas. En las carreteras de Nuevo León en ese rumbo no se ha tenido “un solo incidente de seguridad en dos años y medio”, dice el optimista gobernador que quiere que su tierra se parezca a Estados Unidos.
El Pais / España
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