México se alista para una elección judicial inédita con casi 100 millones de votantes en el padrón

En un hecho sin precedentes para la democracia mexicana, este domingo 1 de junio se celebra el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, que contempla la elección directa de 881 cargos judiciales federales por parte de los ciudadanos.

Con una lista nominal que alcanza los 99.7 millones de personas, el proceso incluye la renovación de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como puestos clave del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas y 386 juzgados. En total, 3,422 candidaturas estarán en juego en esta jornada electoral inédita.

La reforma que dio pie a este proceso fue promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y cuenta con el respaldo de la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.

Esta transformación del sistema judicial, sin parangón en América Latina, ha generado amplios debates. Entre sus consecuencias más visibles destaca la huelga inédita de jueces y trabajadores del Poder Judicial en protesta por la eliminación de figuras autónomas del sistema de nombramientos.

El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo encargado de organizar los comicios, ha advertido sobre las limitaciones presupuestales y de tiempo que enfrenta para llevar a cabo el proceso, el cual requiere la participación de 1.55 millones de funcionarios de casilla. A ello se suma la complejidad logística: los ciudadanos recibirán seis boletas diferenciadas por color, con listas de decenas de aspirantes para cada cargo. La papeleta de la Suprema Corte, por ejemplo, incluye 84 candidaturas entre las que deberán elegirse nueve ministras y ministros.

Organismos como la ONU y diversas asociaciones civiles han manifestado preocupaciones sobre la posible intromisión del crimen organizado y del propio Ejecutivo en los comicios, así como por la postulación de perfiles presuntamente vinculados al narcotráfico o con fuerte cercanía política al oficialismo. A pesar de ello, el Gobierno federal ha sostenido que este modelo garantiza una democracia más participativa al permitir que la ciudadanía escoja directamente a quienes impartirán justicia.