By Debido a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de agosto de 2015, Mexicali tendría en vigor tres códigos que regirán los asuntos jurídicos, dependiendo del momento en que se generaron, señaló Pedro Ariel Mendívil, presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
Al impartir un curso a representantes de medios de comunicación sobre la aplicación del Código Único, Mendívil comentó que en el caso de la capital de Baja California, los casos generados antes del 10 de agosto de 2010, cuando entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, se regulan por el Código que estaba en vigor antes de esa fecha; los asuntos causados entre el 10 de agosto de 2010 y el 10 de agosto de 2015 serán regidos por el actual Código de Procedimientos Penales de Baja California; mientras que los casos que sean juzgados a partir del 11 de agosto de este año deberán ser sancionados por la disposición nacional, que fue promulgada en 2014.
Cabe destacar que los demás municipios de Baja California se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Penales al momento de que entre en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual se tiene como límite el próximo año.
Sin embargo, el especialista jurídico señaló que con este nuevo Código se vuelve «a la edad de piedra» en cuanto a la publicidad de las audiencias, dado que restringe la participación de los medios de comunicación en las mismas. El artículo 55 de esta disposición señala las restricciones para el acceso a dichas audiencias, y en el mismo se menciona que «los periodistas o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia», situación contraria a la disposición vigente, dado que los representantes de los medios de comunicación tienen acceso a las sesiones, y realizan su labor bajo algunas restricciones, como el evitar grabar la identidad o imagen de los imputados, si es que ellos así lo deciden.
«Es una catástrofe que viene a violentar el derecho fundamental de los derechos humanos a ser informados. En mi opinión regresamos a la edad de piedra con esto», apuntó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas.
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