By LOS ÁNGELES.— “We don’t want you! Go home!”. La voz de un hombre desgañitándose sobresalió entre una multitud que coreaba consignas iracundas contra tres autobuses blancos. Las unidades, con el logotipo del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS), transportaban a 140 inmigrantes, la mayoría niños y adolescentes. Los indocumentados venían de Texas, donde fueron detenidos, y se dirigían a las instalaciones de las autoridades de inmigración en Murrieta, California, para ser procesados. Nunca llegaron.
Las cerca de 200 personas que portando carteles con leyendas antiinmigrantes impidieron el paso de los autobuses, haciéndolos cambiar de ruta hacia San Diego, celebraron el pequeño triunfo en su esfuerzo para que los más de 50 mil niños que han llegado a Estados Unidos en el presente año fiscal sean devueltos a sus países. Lo que los manifestantes no saben es que, si lo logran, la vida de la mayoría de los menores estará en peligro.
El ‘enojo’ de Obama
El lunes 30 de junio, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el vicepresidente Joe Biden se reunieron con una decena de representantes de organizaciones civiles proinmigrantes de todo el país. Durante el encuentro el mandatario compartió con ellos la información que un par de horas más tarde haría pública: su intención de tomar acción de manera unilateral —sin solicitar aprobación al Congreso— para solucionar el problema ocasionado por el flujo de niños indocumentados, que podría alcanzar los 90 mil al cierre de este año fiscal.
“Algunos [congresistas] en la Cámara Baja están usando la situación con los niños como una nueva excusa para no hacer nada”, dijo molesto el presidente sobre la falta de acuerdos entre partidos para lograr la aprobación de una “maldita ley” de reforma migratoria. Un par de días antes, Obama solicitó un presupuesto de 2 mil millones dólares para reforzar la seguridad en la frontera y atender a estos menores, pero también para agilizar su deportación. “Yo tomo decisiones ejecutivas únicamente cuando enfrentamos un problema serio y el Congreso elige no hacer nada”, agregó Obama. “Hoy inicio un nuevo esfuerzo para resolver lo más que pueda en nuestro sistema de inmigración, de manera individual”.
El protocolo ordinario de deportación en Estados Unidos, que otorga un sistema de extensiones temporales y apelaciones, puede dar a quien lo enfrenta hasta cinco o seis años de estancia en el país en tanto un juez emite su fallo. Si, como se espera, Obama echa mano de sus facultades para emitir una orden que agilice el proceso, los menores podrían enfrentar deportaciones fast track que los tendrían de vuelta en sus países enfrentando de nuevo las circunstancias que los motivaron a salir.
“El gobierno está haciendo esto porque tiene miedo de que el flujo de niños que no esperaba rompa con la imagen que la administración Obama quiso presentar deportando a 2 millones de personas: que son duros aplicando la ley”, explica Ricardo Moreno, activista proinmigrante y representante de la Iglesia presbiteriana en California. “Pero esto no ha logrado un cambio de percepción o actitud entre republicanos y conservadores. Esto no es un asunto de cumplimiento de la ley, sino de racismo. Yo me pregunto: ¿Habría la misma reacción si fueran niños europeos? Estos son niños que salen de sus países en una situación desesperada; cualquier política de deportación es un asunto inmoral”.
Nula protección
Enrique Morones vive en San Diego y tiene dos números telefónicos: en uno, que nunca responde, recibe mensajes de voz de grupos antiinmigrantes que lo amenazan e insultan; en otro, un número privado, recibe llamadas de quienes piden apoyo de la organización que fundó, Ángeles de la Frontera. Son llamadas como la que recibió hace un mes, cuando le solicitaron apoyo para el traslado de dos niños —de cuatro y nueve años— que ingresaron solos al país para reencontrarse con su madre.
El 1 de julio, Morones se encontró nuevamente con los antiinmigrantes, esta vez frente a frente, confrontando a los grupos de Murrieta que, bloqueando el paso a los camiones con niños inmigrantes, les gritaban “go home!”.
“Este es un tema que no es nuevo”, asegura el activista, quien por años se ha dedicado a colocar botes con agua en el desierto sobre la ruta que cruzan los migrantes. “Lo he hablado con la Patrulla Fronteriza, con otras autoridades: muchos de estos niños van a morir si regresan a sus países. Tenemos una crisis humanitaria y no estamos buscando una solución humanitaria. Si estos niños salieron de su país desesperadamente, hay que darles algún tipo de protección; no a todos, pero sí a quienes presenten casos suficientemente fuertes. Es nuestra obligación como país, pero los estadounidenses no quieren escuchar”.
Chinos e iraníes, los preferidos
En materia de legislación internacional, el artículo tercero de la Convención de los Derechos del Niño establece que es obligación de los Estados, las instituciones, los tribunales y las autoridades, velar por el interés superior de los niños. Sin embargo, un reporte del Centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de California Hastings (UCH), en conjunto con la organización Kids in Need of Defense (KIND), señala que “el gobierno estadounidense no utiliza esta norma como criterio en el trato con los niños migrantes”; además, en raras ocasiones provee asistencia a los menores que han sido víctimas de delitos como el tráfico humano.
En el caso de las medidas legales existentes para proteger a quienes buscan refugio, tales como el asilo o las visas T y U para víctimas de tráfico o grupos criminales, los criterios aplicados para su aprobación “no responden a las circunstancias y protección particulares que necesitan estos niños”, indica el reporte.
En Estados Unidos la persecución o el peligro de muerte por la pertenencia a un grupo social específico, uno de los criterios internacionales para solicitar asilo, se ha vuelto un recurso casi inexistente para los migrantes de México y Centroamérica. Inmigrantes procedentes de países como China, Irán o Venezuela tienen tasas de aprobación en solicitudes de asilo que van de 70% a 82%, mientras que Honduras y Guatemala alcanzan entre 12% y 16%, y El Salvador y México no llegan ni a 8%.
“Algunos jueces de inmigración han rechazado la existencia de grupos sociales en los casos de los niños por razones numéricas. Temen que si se aprueba a un grupo cuya definición puede ser aplicable a una población amplia, se abra una compuerta”, indica el reporte.
En las cortes de inmigración se ha negado el reconocimiento como grupo vulnerable a las categorías “niñas que han reportado su violación a la policía”, “jóvenes que se oponen a la actividad criminal de pandillas y la han reportado a la policía”, o “niñas que se han resistido al reclutamiento de pandillas y han sido testigos de un crimen por parte de pandillas”. El país al cual 80% de los refugiados pide protección, la ha negado a quienes forman parte de estos grupos.
Cifras reveladoras
De acuerdo con un reporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), 72% de los niños migrantes procedentes de El Salvador, 57% de los hondureños y 38% de los guatemaltecos salieron de sus países debido a que sus gobiernos no tienen la capacidad para proteger sus derechos básicos.
Tras entrevistar a 400 menores, el organismo detectó dos patrones generales: 48% de los niños desplazados ha sido víctima de violencia por parte de grupos armados, el crimen organizado o de representantes del Estado, y 21% dijo haber sido víctima de violencia en el hogar o por parte de la persona encargada de su cuidado.
El 66% de los salvadoreños dijo haber sido víctima o haber recibido amenazas de grupos criminales, incluyendo violencia sexual. Para los hondureños, la cifra fue de 44%, seguido de 22% que mencionó abuso en el hogar, y 11% ambos.
La pobreza extrema apareció en las respuestas de 22% de niños hondureños, y de 30% de guatemaltecos; 80% de los niños de estos dos países mencionaron, además, la reunificación con sus papás y mejores oportunidades de vida.
“Dado que los gobiernos de sus países no pueden proteger los derechos básicos de estos individuos, la comunidad internacional debe actuar”, indica ACNUR. Entre los grupos que deben recibir la oportunidad de que sus casos sean revisados figuran “personas huyendo de conflictos armados, desorden interno grave, violaciones masivas a los derechos humanos”.
A pesar de que EU tiene leyes de asilo muy rígidas, ocho de cada 10 personas buscan protección en esa nación, como una alternativa para salvar su integridad y su vida.
El Universal / Periodismo de Investigación.
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