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¿Cómo disuadir a padres y madres centroamericanos de que deben dejar de enviar a sus hijos solos en un peligroso viaje hacia Estados Unidos sin dejar de ofrecer al mismo tiempo garantías humanitarias a unos menores desprotegidos, como dictan las normas internacionales y la propia moral del país? El presidente Barack Obama no parece haber dado todavía con la fórmula adecuada, pero tampoco la oposición republicana conoce una solución. Mientras, los niños no dejan de llegar -60 mil en ocho meses-, las tensiones se disparan y el dilema se ha convertido en una preocupación nacional.

Según una encuesta de Gallup publicada este miércoles, uno de cada seis estadounidenses considera que la inmigración es el problema más importante del país en estos momentos. Cierto es -y así lo apunta la propia encuestadora- que no es la primera vez que la cuestión migratoria sube en la escala de preocupaciones de los estadounidenses para volver a quedar rápidamente relegada, en cuanto pasa la oleada informativa como la que se está produciendo en estos momentos a raíz de la crisis con los niños centroamericanos. Pero demuestra también que es un tema que ni el gobierno ni la oposición pueden ignorar, en momentos en que ninguna de las propuestas de solución sobre la mesa ofrece una salida que convenza a la mayoría.

Obama ha puesto en marcha varias medidas, como disuadir a los nuevos inmigrantes. Envió a su número dos, el vicepresidente Joe Biden, a Guatemala a transmitir personalmente el mensaje de que el viaje que emprenden los pequeños es demasiado peligroso y que no merece la pena porque acabarán siendo deportados. También lo ha dicho por activa y por pasiva -tanto en Washington, como en la frontera y hasta en Guatemala también- su secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson. Y a pesar de que recorrió Texas la semana pasada, el propio Obama rechazó acercarse hasta uno de los centros en la frontera que albergan a los pequeños para evitar una “foto” que podría haber transmitido la falsa idea de que el presidente de Estados Unidos está recibiendo a los menores en persona.

A la par, Obama ha solicitado  tres mil 700 millones de dólares en fondos extra al Congreso para afrontar la crisis tanto dentro de Estados Unidos -aumentando y mejorando los centros de acogida, elevando el número de abogados migratorios y el personal fronterizo, entre otros- como en los propios países origen del problema: Honduras, Guatemala y El Salvador.

Y esta misma semana el Departamento de Seguridad Nacional publicitó como el comienzo de una “nueva ola” de deportaciones la devolución a su país de origen de un grupo de 38 madres y menores hondureños recientemente aprehendidos en la frontera, a los que seguirán sendos grupos de guatemaltecos y salvadoreños, según ha prometido.

No era una acción estrictamente nueva: los hondureños fueron el primer grupo deportado del centro de Artesia, en Nuevo México, abierto en las pasadas semanas para afrontar la oleada de migrantes llegados, pero previamente ya habían sido devueltos otros menores acompañados por sus padres u otro adulto de otros centros de acogida a sus países centroamericanos de origen. Además, eran menores que llegaron acompañados de un adulto, que conforman otro grueso grupo pero no son estrictamente el centro del problema, las decenas de miles de menores que llegaron solos al país.

Con todo, la Casa Blanca admitió que la gran atención que logró con esta última deportación -los expulsados fueron además recibidos en Honduras por la primera dama, Ana García de Hernández- responde a un intento del gobierno de reforzar con imágenes el mensaje de firmeza que hasta ahora visiblemente no ha calado en Centroamérica.

“Debería constituir una señal clara a los individuos que están pensando en realizar este viaje peligroso, o en poner a sus hijos en manos de un criminal para hacer el peligroso trayecto de Centoramérica a Estados Unidos, de que si son detenidos en la frontera aunque tendrán derecho a un proceso judicial (migratorio), no serán recibidos en este país con los brazos abiertos”, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

La Casa Blanca ha tratado de compartir el problema con el Congreso al solicitarle a éste sustanciales fondos con los que afrontar la crisis a corto y largo plazo. Pero el Capitolio, a punto de cerrar por vacaciones, sigue profundamente dividido ante el caso, al igual que lo estuvo con la ya dada por fracasada reforma migratoria.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, ha dejado claro que su partido no está dispuesto a concederle un “cheque en blanco” a Obama, que este miércoles recibirá en la Casa Blanca a congresistas demócratas hispanos para hablar de nuevo del tema.

Legisladores conservadores están elaborando propuestas de ley que quieren vincular a la concesión de los fondos solicitada por la Casa Blanca y que prevén una modificación de una ley de 2008 que para proteger a menores del tráfico humano impide la deportación inmediata de pequeños procedentes de países que no sean colindantes con Estados Unidos, algo que rechazan rotundamente la mayoría de los demócratas y activistas migratorios.

Una muestra más de lo complicado del dilema es la amplia insatisfacción de los estadounidenses con el manejo de esta crisis tanto por parte del gobierno como por la oposición republicana. Según una encuesta elaborada esta semana por The Washington Post y ABC, el 58 por ciento de los consultados rechaza la actuación de Obama ante los menores migrantes. Triste consuelo para el presidente demócrata: peor nota reciben los republicanos en este tema, que causan un rechazo del 66 por ciento.

Fuente: elpais.com

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