La informalidad laboral en México continúa creciendo y ya representa más del 55% de la población económicamente activa, una cifra que, de no atenderse, podría convertirse en una “bomba de tiempo” para las finanzas públicas, advirtió el abogado fiscalista Iván José Curiel Villaseñor.
El especialista explicó que este fenómeno no solo impacta en la recaudación de impuestos, sino también en el acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y las pensiones. “Prácticamente la mitad de la población no está aportando para acceder a estos beneficios, lo que genera un desequilibrio estructural en el sistema”, señaló.
Curiel Villaseñor destacó que, ante un panorama donde el gobierno proyecta aumentar la recaudación en más de un 4% respecto al año anterior, la base de contribuyentes se ha mantenido prácticamente sin crecimiento en los últimos cinco años. Esto, dijo, obliga a las autoridades a implementar nuevas políticas tributarias y reforzar los mecanismos de fiscalización.
En ese contexto, indicó que sectores como la industria maquiladora en Baja California ya enfrentan un incremento en auditorías, particularmente en materia de comercio exterior. Aunque aclaró que no se trata de generar alarma, subrayó la importancia de que las empresas adopten una postura preventiva para evitar sanciones, multas o créditos fiscales.
Finalmente, el abogado enfatizó que el cumplimiento normativo debe ser una prioridad para las empresas en los tres niveles de gobierno. “La clave está en la prevención, no en la reacción. Un adecuado orden interno permite enfrentar inspecciones y auditorías con mayor solidez, evitando riesgos que pueden impactar seriamente la operación de cualquier organización”, concluyó.

















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