La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) hizo un llamado a las autoridades para consolidar una estrategia clara que permita reforzar la competitividad y generar mayor certidumbre para el sector productivo en la frontera.
Durante la reunión mensual del organismo, en la que se abordó el tema “Nueva facultad de fiscalización en materia de CFDI y su blindaje estratégico legal”, el presidente de AIMO, Lic. José Luis Contreras Valenzuela, señaló que la economía fronteriza enfrenta presiones derivadas tanto de disposiciones comerciales como de la necesidad de contar con políticas públicas más definidas en materia de inversión.
“Estamos viviendo como el jamón del sándwich, ya que las disposiciones comerciales dictadas en la frontera nos dañan y la ausencia de una política pública clara también nos estrangula; si no fuera por la resiliencia del sector industrial fronterizo, esto nos asfixiaría”, expresó.
El dirigente subrayó la importancia de enfocar los esfuerzos gubernamentales en estrategias económicas estructurales que promuevan la inversión, la generación de empleo y la certeza jurídica. En ese sentido, destacó que el fortalecimiento de espacios democráticos y reglas claras contribuye a ampliar las oportunidades de crecimiento.
“Necesitamos que la economía se mueva, que haya inversión y empleos, si no hay espacios democráticos y certeza jurídica, los caminos para el crecimiento se reducen, por lo que lo prioritario debe ser generar valor, no monopolizar el poder”, señaló.
Contreras Valenzuela consideró que, si se reorientan las decisiones económicas y se fortalece la relación trilateral en el marco del T-MEC, podrían observarse señales de recuperación en el segundo semestre del año, particularmente en la medida en que se estabilice el entorno comercial con Estados Unidos y Canadá.
En el ámbito fiscal, Luis Antonio Ibáñez León, abogado fiscalista de la firma Global Business Advisor (GBA), explicó que durante la sesión se analizó la nueva facultad de fiscalización establecida en el artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación. Esta disposición permite a la autoridad suspender, desde el inicio del procedimiento, los certificados de sello digital de los contribuyentes.
“Esta modalidad de revisión implica riesgos operativos importantes para las empresas, ya que la suspensión se mantiene hasta que exista una resolución favorable, lo que obliga a las compañías a fortalecer sus estrategias de cumplimiento y blindaje legal ante un entorno fiscal cada vez más estricto”, indicó.
Finalmente, el especialista señaló que resulta fundamental revisar y fortalecer los procesos internos de las empresas para garantizar una reacción oportuna ante cualquier procedimiento de fiscalización, privilegiando la prevención y el cumplimiento normativo como herramientas clave para la estabilidad operativa.





















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