Gobierno afirmó que está en «terreno muy sólido» para que las medidas migratorias ejecutivas

El Gobierno afirmó hoy que está en «terreno muy sólido» para que las medidas migratorias ejecutivas aprobadas por el presidente Barack Obama sean puestas en marcha, tras un falló judicial que las bloquea.

La Administración aseguró que el Departamento de Justicia apelará la decisión de un juez federal de Texas de suspender temporalmente las medidas ejecutivas sobre inmigración anunciadas en noviembre por el presidente Obama.

En una teleconferencia con periodistas, la directora de política doméstica de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo que el Gobierno de Obama está «en un terreno legal muy sólido» y confió en que podrán aplicar las medidas de alivio migratorio, que regularizarían temporalmente a 5 millones de inmigrantes indocumentados.

El juez federal del distrito sur de Texas, Andrew Hanen, decidió ayer en la noche suspender temporalmente la ejecución de los decretos migratorios de Obama, en las vísperas de que el miércoles comenzara la aplicación de la primera fase de regularizaciones, tras una demanda en representación de 26 estados.

Por el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no va a aceptar solicitudes para la primera fase de regularización temporal, que iba a permitir a cerca de un cuarto de millón de jóvenes que han crecido y se han educado en Estados Unidos, dentro del programa conocido como Acción Diferida (DACA).

Muñoz aseguró que la Casa Blanca «tendrá éxito y podremos implementar el programa», aunque no aventuró plazos para reiniciar el proceso que permitiría que jóvenes que han echado raíces en el país no se vean abocado a la deportación, durante al menos tres años.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, consideró que el historial de este tipo de decisiones ejecutivas en temas migratorios «asegura que nuestra estrategia legal permitirá que se implanten» la DACA y a partir de primavera la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que beneficiará a los padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

El juez Hanen ha pedido que antes de poner en marcha las acciones ejecutivas se decida sobre si la táctica adoptada por el Gobierno es constitucional, algo que la administración Obama considera probado por los precedentes y las opiniones de juristas.