By Contra resistencias e intereses políticos que intentaron frenarla en varias ocasiones, entre ellos el abierto rechazo de los gobernadores, el próximo martes será aprobada en el pleno del Senado la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que por primera vez en la historia del país propone un marco jurídico e institucional más amplio y coercitivo para investigar y castigar la corrupción de gobernantes y funcionarios públicos federales, estatales y municipales e incluso de empresarios.
La aprobación ocurrirá dos años y cuatro meses después de que el presidente Peña Nieto ofreciera —como uno de sus 13 compromisos al asumir el gobierno— la creación de una “Comisión Nacional Anticorrupción”, que nunca aterrizó en los hechos y enfrentó fuertes resistencias dentro de su partido, el PRI; pero después de que se revelaron los escándalos de la Casa Blanca y de la mansión de descanso en Malinalco, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray —y de la crisis de imagen y credibilidad que esas denuncias le trajeron al gobierno—, éste buscó impulsar “una salida” al enojo social que se expresó en forma de hartazgo en la opinión pública.
Y esa salida se las ofreció el PAN. El diputado Ricardo Anaya elaboró una iniciativa para dejar atrás la idea de una Comisión persecutoria de la corrupción y reemplazarla por un “Sistema de instituciones” que, aprovechando algunos órganos ya existentes y la creación de nuevos, como la ASF, la resucitada Secretaría de la Función Pública y la nueva Fiscalía Anticorrupción, constituirán un eje de fiscalización, investigación y acción penal contra personajes que incurran en corrupción tanto en el sector público como en el privado.
Aunque la iniciativa panista había sido presentada desde noviembre de 2014, no fue sino hasta febrero del 2015 cuando, desde Los Pinos, salió la “línea” a las bancadas del PRI en el Senado y San Lázaro para discutir la propuesta del PAN e impulsar su aprobación. Con una caída en picada en su aprobación y un malestar social que crecía, Peña Nieto intentó responder con el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y la instrucción a éste de que investigara “un posible conflicto de interés” en la compra de la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera, y de otra casa del secretario Luis Videgaray, a Grupo Higa, una constructora favorecida por su gobierno.
La reacción de incredulidad y rechazo que provocó la instrucción presidencial en la opinión pública hizo que en Los Pinos decidieran acelerar el apoyo a la discusión de la iniciativa anticorrupción propuesta por los panistas. Dos personajes del gabinete fueron claves: el secretario Luis Vidagaray (paradójicamente uno de los involucrados en los escándalos) y el consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Ambos intercedieron para que avanzaran en el Congreso las discusiones y el análisis de la iniciativa que el 27 de febrero fue aprobada en la Cámara de Diputados y el jueves pasado en comisiones en el Senado, para que el próximo martes se vote en el pleno.
INTENTONA DE LOS GOBERNADORES.
Dos días antes de que la iniciativa del Sistema Anticorrupción fuera votada y aprobada en San Lázaro, el presidente Peña Nieto acudió a Durango a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahí, a puerta cerrada, los mandatarios estatales de todos los partidos le reprocharon el apoyo a la iniciativa panista y de plano le pidieron “frenarla” porque “atenta contra la soberanía de los estados” y “viola el espíritu del artículo 115 constitucional”.
La respuesta de Peña Nieto fue que no se podía frenar porque ya había acuerdos en el Congreso y que era un tema que la sociedad estaba reclamando. El debate en aquella encerrona fue ríspido y los gobernadores hicieron patente su rechazo a la creación del Sistema Anticorrupción que por primera vez dará facultades a la ASF para fiscalizar las partidas y recursos federales que les son entregados a los gobiernos locales, y que hasta ahora no eran objeto de seguimiento ni fiscalización.
La molestia de los gobernadores tiene que ver con que la mayor parte del presupuesto de los estados está formado por recursos federales, en algunos casos hasta 97% del presupuesto estatal, lo que significa que según las nuevas leyes la ASF podrá revisar y vigilar el uso y destino de esos recursos y, en caso de encontrar desvíos o delitos, dar vista a la Fiscalía Anticorrupción que también tendría facultades para proceder penalmente contra funcionarios estatales o municipales.
De toda aquella discusión entre Peña Nieto y los gobernadores en Durango, lo único que se conoció públicamente fue el discurso del Presidente en el que éste les pidió “jalar parejo y no hacer excepciones” en la aplicación de la ley en todas las entidades, porque “no cabe nadar de muertito”.
Así se llegó a esta semana en el Senado donde los coordinadores parlamentarios acordaron el martes, en una comida en el Club de Industriales en Polanco, ir adelante con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción “en todos sus términos”. El jueves el dictamen quedó aprobado en comisiones y pasó a primera lectura, y todo está listo para que el próximo martes, pase al pleno para su discusión y votación.
Está claro que, ante la presión y el hartazgo social los partidos en el Congreso e incluso el Presidente en Los Pinos, cuyo gobierno está bajo sospecha de corrupción, entendieron que, aunque sea apenas en la ley, se tenía que dar ya este primer paso para responder al reclamo ciudadano contra la corrupción. Lo que falta por ver es si los gobernadores, que tienen el control de los Congresos locales y que hasta ahora han ejercido el presupuesto discrecionalmente y sin ninguna fiscalización y vigilancia, permiten que avance esta reforma que aún requiere el apoyo de 16 legislaturas locales para ser declarada constitucional. ¿Se van a cuadrar los virreyes o intentarán frenar el sistema anticorrupción?
Columna Serpientes y Escaleras /
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