By Alrededor de 150 agentes de las fuerzas federales intentaron ayer desalojar el centro comercial y turístico «La Bufadora», quienes cercaron el lugar durante cinco horas y, además, fueron acusados de agresiones y el uso de gas en contra de los locatarios.
Conforme a los testimoniales, los agentes llegaron desde las 8:30 horas aproximadamente y se colocaron en dos puntos: el primero fue el arco de entrada, sitio en el que hubo enfrentamientos físicos y detuvieron a un conductor que intentó romper la formación con su camioneta, pero tras varios intentos optó por dar reversa.
El otro lugar fue en los negocios instalados a metros del fenómeno natural; ahí fue realizada la mayor parte de las negociaciones y agresiones verbales, en el que participaron locatarios, ejidatarios, propietarios e incluso jornaleros llevados como grupo de choque, mismo que al final no fue utilizado.
A diferencia del 22 de septiembre del 2014 (último intento de desalojo por parte del XXI Ayuntamiento), en el que fueron distribuidos machetes, rocas, ramas y tubos entre los comerciantes, ahora no fueron exhibidas algún tipo de armas, salvo barricadas improvisadas en el camino al lugar donde choca el oleaje.
Luego diversos tecnicismos legales que impidieron la entrega material, los agentes federales se fueron alrededor de las 13:20 horas.
Tecnicismos legales; agresiones
Eva Covarrubias Vázquez, en representación del grupo «Unidos por el Desarrollo de La Bufadora», informó que la ejecutoria de amparo -entrega física de la superficie asentada en el expediente 666/2010- no fue realizada por tres razones: los agentes federales eran insuficientes y eran rebasados en número por los locatarios.
«El Juzgado de Distrito no llevaba un perito ingeniero en topografía para poder auxiliarse e indicar la superficie a entregar al ejido. Y faltaban sellos al acuerdo que llevaban para hacer el desalojo», mencionó sobre los hechos ocurridos hasta pasadas las 13:00 horas.
Durante la jornada, destacó que el abogado Jaime Palafox Granados -representante de las familias propietarias Díaz Contreras y Álvarez- fue sacado a fuerza por los ejidatarios, al parecer tras orden del abogado Marco Antonio Díaz, representante del Ejido Coronela Esteban Cantú.
También que hubo siete casos de agresiones, incluidos menores de edad, registrados por Heriberto López López, subprocurador de los Derechos Humanos con sede en Ensenada.
Al lugar acudieron Rubén Reynoso, y la actuaria Karla Sáenz, del Juzgado Séptimo de Distrito de Baja California con residencia en Ensenada; Jorge Carrillo Maciel, en representación de algunos locatarios; Óscar de la Peña, director de Asuntos Jurídicos, y Jorge Herrera, subsecretarios, del XXI Ayuntamiento.
Los agentes llegaron desde las 8:30 horas aproximadamente y se colocaron en dos puntos.
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