By Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Alfredo Caso y Aldo Reséndiz, quienes presuntamente están implicados en el desvío de 2 mil 700 millones de pesos que pertenecen a cuentahabientes de Ficrea.
Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que Alfredo Caso es ex notario público, mientras que Aldo Reséndiz era integrante del departamento jurídico de Ficrea y a quien se le menciona como coautor del fraude.
Dentro la causa penal 100/2014, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, determinó que hay pruebas para presumir que ambas personas son probables responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente en la época en que se cometió el delito, y antes de su reforma de 14 de marzo de 2014).
El pasado 22 de enero, en cumplimiento a la orden de aprehensión librada, la PGR consignó a Alfredo Caso y Aldo Reséndiz al mencionado juzgado, dejándolos a su disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.
Lo presuntos responsables rindieron su declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional.
En consecuencia, a Alfredo se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos del artículo 13, fracción VI, del código en cita, es decir, en su calidad de auxiliador.
En tanto que a Aldo se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en términos del artículo 13, fracción III, del código en cita, en su calidad de coautor.
La PGR e Interpol buscan a Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, contra quien existe una orden de aprehensión y una ficha roja.
La orden de aprehensión contra Olvera Amezcua fue girada por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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