By A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado que la revocación de mandato, conforme a lo establecido en nuestra Constitución Federal, sólo es aplicable al ámbito municipal, el Diputado Fausto Gallardo García presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión amplíe y refuerce la figura de revocación de mandato para los ámbitos estatal y federal.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, apoyado por los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, MC, PT y PEBC, explicó que la Suprema Corte precisó cuatro vertientes de responsabilidad: la política, la penal, la civil y la administrativa, sin que se desprenda la posibilidad de contemplar una figura diversa como lo es la revocación de mandato para los distintos cargos de elección popular, salvo tratándose para los cargos de elección popular municipal.
Es por ello, dijo, que las diversas fuerzas políticas representadas, comparten un creciente interés legítimo por reconocer y regular la figura de la revocación del mandato para los diferentes cargos de elección popular.
“La revocación del mandato, debe concebirse como el acto por el cual se da por terminado anticipadamente el periodo del encargo que se confiere a un funcionario electo popularmente, sin necesidad de que instaure una causa de responsabilidad en su contra. Se trata pues, de una especie de pérdida de confianza popular que lleva a que el mismo electorado retire el voto que dio lugar al desempeño del cargo”, explicó.
Gallardo García comentó que la Constitución Federal no prevé la figura de la revocación del mandato para la totalidad de los cargos de elección popular, sólo para el caso de los integrantes de los ayuntamientos y en estos casos, los procedimientos correspondientes no admiten la participación ciudadana, sólo el de las legislaturas locales, lo cual resulta por demás incongruente dada la naturaleza que debe revestir la revocación del mandato, misma que como se mencionó, debe concebirse como un mecanismo de participación ciudadana.
Es por ello, que el exhorto aprobado en el Pleno, solicita atentamente al Congreso de la Unión para que acuerde las reformas necesarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de contemplar la revocación de mandato para los diversos cargos de elección popular federal, estatal y municipal, y reconocer la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana.
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