Este martes quedó formalizado el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica que brindará laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
Lo anterior luego de que representantes del Estado mexicano, de los beneficiarios de las medidas cautelares para este caso, familiares de los desaparecidos y miembros de la CIDH, suscribieron el documento.
Con ello, será posible poner en marcha el acuerdo de asistencia técnica a la brevedad, en el marco de la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014, se informó en un comunicado conjunto entre la Secretaria de Gobernación, la PGR y la Secretaria de Relaciones Exteriores.
Como lo expresaron las partes, el acto de formalización refleja el compromiso de concretar la asistencia técnica a la luz del acuerdo, lo que complementará los esfuerzos en materia de justicia y no repetición de actos como los que dieron origen a dicha asistencia, con efectos positivos para las víctimas y la comunidad en materia de atención estructural de estos asuntos», explica el comunicado.
El objetivo del acuerdo es incorporar a un grupo interdisciplinario de expertos independientes, que llevará a cabo distintas acciones con relación a la búsqueda de las personas desaparecidas, a las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como a la provisión de la atención integral a las víctimas.
El documento correspondiente fue suscrito por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería; la subsecretaria para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la Procuraduría General de la República; Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a nombre de los beneficiarios de las medidas cautelares; y, por parte de la CIDH, el comisionado James Cavallaro, relator para México, así como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo.
El Estado mexicano reitera su compromiso y responsabilidad de cumplir cabalmente con las medidas cautelares de la CIDH, así como asegurar la atención a las víctimas de los hechos que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero», puntualiza el comunicado.
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