By Estados Unidos intensifica restricciones migratorias a músicos del regional mexicano por contenidos que consideran no son aptos.
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y sus representaciones diplomáticas, ha comenzado a aplicar con mayor rigor sus facultades migratorias frente a contenidos culturales que, según su evaluación, representan una apología indirecta al crimen organizado.
Esta política, aunque no nueva, ha cobrado fuerza en los últimos meses como parte de un enfoque integral que combina seguridad nacional, diplomacia pública y responsabilidad cultural.
Desde la óptica del gobierno estadounidense, la promoción de figuras delictivas mediante expresiones artísticas puede ser interpretada como una forma de legitimación simbólica del crimen, especialmente cuando estas figuras tienen vínculos comprobados con organizaciones catalogadas como amenazas internacionales.
En palabras del subsecretario Christopher Landau, “Estados Unidos no pondrá alfombra roja a quienes promuevan a criminales o terroristas”, subrayando que la libertad de expresión tiene límites cuando se enfrenta a los principios de seguridad nacional y orden público que rigen la política exterior de ese país.
Por ello, en el marco de sus facultades soberanas, Estados Unidos ha optado por restringir el acceso migratorio a individuos o agrupaciones cuyos mensajes se perciben como contrarios a los valores democráticos y de legalidad del país.
Las consecuencias de esta postura ya son visibles: cancelaciones de conciertos, renegociaciones contractuales y afectaciones económicas tanto para los artistas como para la industria del entretenimiento binacional. Sin embargo, desde la perspectiva diplomática de Washington, estas decisiones envían un mensaje claro de cero tolerancia hacia cualquier forma de enaltecimiento indirecto del narcotráfico, incluso cuando esta se enmascare bajo la libertad creativa o el folclor popular.
Entre los casos más recientes se encuentran los de agrupaciones y artistas del regional mexicano como Julión Álvarez, Espinoza Paz, Lorenzo de Monteclaro y Los Alegres del Barranco, quienes han visto canceladas o retrasadas sus visas, lo que ha derivado en la suspensión de eventos programados en territorio estadounidense.
Grupo Firme, originario de Tijuana, informó recientemente que su participación en el festival La Onda Fest en Napa Valley, California, fue cancelada debido a que sus visas y las de su equipo técnico están en proceso administrativo por la Embajada de Estados Unidos. La agrupación expresó su pesar por no poder reencontrarse con sus fans y prometió mantenerlos informados respecto a su situación legal y sus futuras fechas.
Por su parte, Julión Álvarez tuvo que cancelar una presentación en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante más de 50,000 personas, luego de que su visa fuera revocada nuevamente. Aunque el artista había sido retirado de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2022, las autoridades migratorias estadounidenses ejercen facultades independientes respecto a la emisión de visas, y no han detallado los motivos de su decisión.
Espinoza Paz, por su parte, declaró que no cuenta con visa desde hace tres años y que aún se encuentra en proceso de regularizar su situación. Aunque negó haber recibido una negativa explícita vinculada a contenidos musicales, reconoció que este tipo de restricciones puede tener un impacto considerable en su carrera y en la de otros colegas del género.
También se ha reportado que Lorenzo de Monteclaro no pudo cumplir con fechas programadas en Texas por falta de documentación migratoria vigente, mientras que Los Alegres del Barranco fueron objeto de una revocación de visas luego de que en algunos de sus conciertos se proyectaran imágenes de líderes del crimen organizado, hecho que provocó una respuesta inmediata del Departamento de Estado.
Desde la perspectiva económica, las implicaciones de esta política son significativas.
De acuerdo con estimaciones de promotoras y agencias de espectáculos, la cancelación de giras en Estados Unidos por parte de artistas del regional mexicano podría representar pérdidas acumuladas por más de 20 millones de dólares en el primer semestre de 2025.
Estas cifras contemplan devoluciones por boletaje, penalizaciones contractuales, cancelaciones de festivales y reembolsos logísticos.
Además, el impacto se ha reflejado también en el ecosistema digital. Plataformas de streaming han registrado una caída en las reproducciones semanales de algunos de estos artistas en el mercado estadounidense, afectando acuerdos de monetización con disqueras.
Por su parte, promotores y venues en ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago, donde la música regional tiene una de sus audiencias más sólidas, enfrentan reprogramaciones forzadas y una reducción en sus ingresos proyectados.
Mientras tanto, la industria musical se encuentra en una encrucijada: cambiar sus narrativas y discursos sin perder identidad cultural, o enfrentar un endurecimiento progresivo de las fronteras diplomáticas, legales y simbólicas del mayor mercado musical del continente.
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