Etnias nativas de Baja California y algunos ejidatarios manifestaron su inconformidad ante el Subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) por lo contratos con empresas mineras y de energía eólica que presuntamente son ventajosos para los consorcios y lesivos para las comunidades.
El Subsecretario de SEDATU, Arturo Nahla García se reunió la mañana de este viernes con decenas de representantes de estas comunidades en donde pidieron que la Secretaría intervenga para revisar estos contratos, los cuales advirtió el funcionario a los nativos, fueron firmados por sus propios representantes.
Pese a ello, aseveró el Subsecretario esta inconformidad con los contratos de usufructo que suscribieron con empresas mineras y eólicas podrían ser revisados.
Los comuneros refieren que son contratos muy ventajosos para las empresas, que se paga muy poco de renta o utilidad a las comunidades y por eso pidieron apoyo de la SEDATUM para que los apoye y defienda en la revisión de dichos convenios.
El tema será revisado de nueva cuenta el próximo 14 de agosto en una reunión que se celebrará en Ensenada con representantes de las comunidades y la asistencia de personal de SEDATU, CORET, Procuraduría Agraria y la Comisión para el Diálogo de Pueblos Indígenas con el fin de revisar estos contratos.
Otro tema analizado fue la problemática de la tenencia de la tierra en el municipio de Ensenada que es donde hay mas problemas de carácter agrario.
Hay terrenos nacionales en posesión pero los residentes no cuentan con título que los acrediten como propietarios y pese a los trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria, estos han sido lentos y duran años sin resolverse.
Otro tema relevante son los asentamientos irregulares en superficies ejidales que requieren ser regularizadas.
No hay un porcentaje exacto pero son superficies relevantes que impactan a muchas comunidades.
Ejemplificó San Antonio Necua con 400 hectáreas, San José de la Zorra, con 5 mil Hectáreas, Piedras Gordas, el ejido Venustiano Carranza, la Mesa de San Juan con 7 mil hectáreas, son superficies muy grandes que deben ser regularizadas para dar certeza jurídica a sus residentes y que puedan trabajar y producir.
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