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Empresa Exportadora de Sal (ESSA) : una empresa con irregularidades

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Como una medida disciplinaria, el Consejo de Administración de la Empresa Exportadora de Sal (ESSA) destituyó al director General Jorge Humberto López Portillo al oponerse a proponer como director de Administración y Finanzas al contralor de la construcción del monumento “Estela de Luz”.

Esta destitución se produjo ocho días después que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados del informe de una auditoría donde observó una serie de medidas que impactan negativamente en la operación y rentabilidad de la ESSA, atribuibles al propio Consejo de Administración que preside Mario Alfonso Cantú Duarte, coordinador de Minería de la Secretaría de Economía.

Entre ellas se encuentra el fijar precios de la sal muy inferiores a los del mercado internacional y por debajo del costo de producción, en beneficio de Mistubishi Corporation quien tiene contrato exclusivo de venta y distribución de toda la sal que se produce en Guerrero Negro, Baja California Sur.

En octubre de 2014, Cantú fue señalado por legisladores federales de Movimiento Ciudadano de actos de corrupción y tráfico de influencias en la autorización de las concesiones mineras, además de nepotismo por lo que exigieron a la Secretaría de la Función Pública y a la ASF realizar investigaciones que incluyan también la verificación de las reservas de minerales certificadas en México, durante la actual administración.

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Los diputados Monreal y Ricardo Mejía advirtieron la existencia de personas físicas y morales que afirman haber sido víctimas de funcionarios de la SE que condicionan la expedición de concesiones mineras a cambio de dinero o la participación en las empresas hasta en 50 por ciento de la propiedad, además de evidencias de contratación de familiares de Cantú en órganos bajo su control en la administración pública.

La destitución de López Portillo Basave se derivó por oponerse a proponer al candidato de Cantú Duarte al frente de la administración y las finanzas de ESSA. Se trata de Jorge Guillermo Esquivel y Esquivel, quien fungió como titular del Órgano Interno de Control de “I.I.I. Servicios” (conocida como Triple I) en esta obra que de un monto original de 393 millones de pesos terminó con un costo superior a los mil millones donde esta empresa filial de PEMEX cobró 80 millones de pesos del costo total. Por ello, se dictó orden de aprehensión contra 12 funcionarios, entre ellos el titular del Órgano Interno de Control.

En un oficio del 8 de diciembre, López Portillo dio a conocer los resultados de una solicitud de información en el ámbito del servicio público sobre esta empresa en el que “lamentablemente se nos recordó” que fue la encargada de construir el monumento “Estela de Luz”, ubicada en Paseo de la Reforma, con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México.

El argumento central de López Portillo Basave fue que al proponer a Esquivel y Esquivel se incurriría en “un riesgo de imagen institucional innecesario, en tanto no se resuelvan las auditorías abiertas contra la empresa inmobiliaria”.

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Se refería a las auditorías 341 realizada en 2009, así como a las 898 y 1103 de 2010 y 51, 54, 55 y 56 de 2011 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y también a la responsabilidad que tienen los titulares de los órganos de control en cuanto a la fiscalización del “correcto ejercicio de los recursos públicos”.

Por ello y conforme a las facultades legales de su cargo, notificó a los consejeros y comisarios la ratificación de Antonio Rocha Núñez como encargado de despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, en tanto “le enviemos una nueva propuesta al Órgano de Gobierno”.

Tres semanas después, el 29 de diciembre de 2014, el secretario del Consejo de Administración de ESSA, Julio Alfredo Sánchez Bastida, informó al Director de Operaciones sobre la resolución adoptada “fuera de junta de consejo por los integrantes del Consejo de Administración”  y por “indicaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario Coordinador del Sector” a fin de garantizar que las “funciones y operatividad de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, hasta en tanto el director de Administración y Finanzas asume el cargo que fue autorizado por el Consejo de Administración”.

La fecha para que Esquivel y Esquivel asuma su cargo es el próximo viernes 2 de enero en una empresa que emplea a mil 600 jefes de familia y de alto impacto para la economía de la comunidad y para la preservación del medio ambiente, donde se ubica la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno y se encuentra la Bahía Ojo de Liebre, considerado santuario de la ballena gris.

La auditoría 30 relativa a los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios observo inequidad en el contrato de comisiones sobre distribución, venta, compraventa, precios de la sal, su comercialización y rentabilidad de ESSA en perjuicio del gobierno mexicano que es socio mayoritario al poseer el 51 por ciento de las acciones y el resto pertenece a la empresa japonesa Mitsubishi Corporation (MC), en un contrato que data del 22 de noviembre de 1976.

Un planteamiento que incomodó a Cantú Duarte fue el realizado por López Portillo ante el Órgano de Gobierno para incrementar el precio de la sal producida en Guerrero Negro por encima del costo de producción en beneficio del socio mayoritario, toda vez que el Consejo de Administración es el único autorizado para fijar precios y suscribir contratos.

La ASF detectó diversos contratos de venta de sal con un precio de 10.19 dólares por tonelada métrica, a pesar de que el costo de producción es de 15.25 dólares; poco más de cinco dólares de diferencia.

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Esta situación anómala en cualquier proceso productivo se mantiene en 14 de los 23 contratos de venta fueron inferiores al costo de producción de 15.25 dólares por TM en 2013, ya que los precios que van de 10.39 a 15.03 dólares, lo que representa un perjuicio para la empresa dejó de recibir 6,406.2 miles de dólares, equivalentes a 82,568.0 miles de pesos.

La afectación más evidente por la decisión del Consejo de Administración es por fijar precios inferiores a los internacionales porque durante 2013 estableció un precio de 18.06 dólares por TM de sal industrial de exportación cuando en Estados Unidos alcanzó los 70 dólares la TM de sal solar.

Ese año la empresa reportó ingresos de 1,830,715.0 miles de pesos por la venta de 7,754.0 miles de TM de sal y alcanzó una utilidad de 166,304.0 miles de pesos, el 9.1% de las ventas. De haberse aplicado el precio de venta internacional el ingreso habría sido de 7,097,663.0 miles de pesos y la utilidad de 644,468.0 miles de pesos.

“Es decir, ESSA dejó de percibir 5,266,948.0 miles de pesos de ingresos y 478,164.0 miles de pesos de utilidad”, advirtió el máximo órgano de fiscalización del país.

La ASF señaló que es facultad indelegable del Consejo de Administración -cuyo presidente es Cantú- fijar y ajustar los precios de venta, conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero y los prevalecientes en el mercado internacional.

Mitsubishi Corporation tiene el monopolio mundial en la compra, distribución y comercialización de la sal que produce ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para el gobierno mexicano porque limita el acceso a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la venta del producto, lo que contraviene diversas leyes federales, entre ellas las de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la de Competencia Económica y la de Entidades Paraestatales.

“No obstante diversas gestiones que la Dirección General de ESSA ha llevado al Órgano de Gobierno, no se han obtenido cambios significativos, ya que estas decisiones corresponden al Consejo de Administración de ESSA”, asienta en lo relacional al Contrato para la Distribución y Venta de Sal al tiempo de señalar que es reiterativa la postura del Consejo de respetar todos aquellos compromisos de contratos previos.

La ASF documenta que estos compromisos se refieren al contrato de 1977 donde se le otorgaron a la empresa japonesa los derechos exclusivos de venta y comercialización en un contrato que tuvo efectos retroactivos ocho meses antes de su formalización y donde existen deficiencias de protocolo.

En otras palabras, las propuestas de López Portillo fueron frenadas por Cantú Duarte y los socios japoneses que integra también este órgano de Gobierno. Este conflicto de intereses se observa en 17 de los 23 contratos de compraventa de sal para su reventa que fueron suscritos por empleados de Mitsubishi que a su vez eran miembros del Consejo de Administración y ocupaban puestos directivos en ESSA.

A pesar que se incrementó la venta del volumen de en los últimos tres años, la rentabilidad de ESSA disminuyó por pagos de notas de crédito por ajustes de 14,853.8 miles de pesos y en notas de débito por 137,261.0 miles de pesos no justificados.

También le impactó el pago de demoras ocasionadas por el desfase en el despacho de la sal de exportación que ocasionó mayor tiempo de estadía de los barcos. En los últimos cinco años ESSA pagó 55,225.2 miles de pesos por demoras.

Tan solo en 2013, de un total de 3,666.3 miles de dólares (4,668.8 miles de pesos) se pagaron sin soporte documental, autorización ni justificación a la empresa mexico-japonesa Baja Bulk Carriers 249.6 miles de dólares (3,183.8 miles de pesos), y a Mitsubishi 116.7 miles de dólares (1,485.0 miles de pesos), concluyó la ASF

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