By Una dividida corte federal de apelaciones desestimó el jueves las acusaciones contra el gigante agrícola Chiquita Brands International presentadas por familiares de miles de colombianos muertos durante años de guerra civil.
Un panel de la Corte de Apelaciones del 11mo Circuito falló 2-1 que los tribunales federales no tienen jurisdicción en las acusaciones colombianas. Las demandas acusaban a Chiquita de colaborar en los asesinatos al pagar 1,7 millones de dólares a un grupo paramilitar de derecha conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Chiquita, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, solía operar enormes plantaciones de plátano en Colombia a través de su subsidiaria Banadex. La empresa insiste en que fue víctima de extorsión y que se vio obligada a pagarle a las AUC o de lo contrario enfrentar violencia dirigida a sus empleados y activos en territorio colombiano.
La mayoría en el fallo del jueves citó una decisión de la Corte Suprema estadounidense de 2013, conocida como Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum, que impuso límites a los intentos de extranjeros para usar los tribunales estadounidenses con el fin de buscar indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera del país. Chiquita había insistido en que el fallo significaba que la demanda de los colombianos tenía que ser descartada.
«Nos congratulamos de que la Corte Federal de Apelaciones esté de acuerdo con nosotros ahora y que las demandas hayan sido sobreseídas», dijo Ed Loyd, portavoz de Chiquita, en un comunicado enviado por correo electrónico. «La decisión refuerza lo que Chiquita ha sostenido desde el principio: que Chiquita no es responsable de la violencia trágica que ha asolado a Colombia».
Los abogados de los aproximadamente 4.000 colombianos demandantes aún podrían pedirle al 11mo Circuito completo o a la Corte Suprema que revisen el caso, pero fuera de eso su única opción adicional sería un arduo esfuerzo para buscar una indemnización a través de las cortes colombianas.
«Es otra tragedia para las víctimas de la guerra, que ya han pasado por tanto», dijo Paul Wolf, abogado radicado en Washington, quien representa a un gran número de demandantes colombianos. «No hay ningún otro lugar al que puedan recurrir en busca de justicia».
Las AUC fueron formadas en 1997 para unir a varias milicias de derecha con el fin de combatir a la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. La campaña resultante dejó unos 50.000 muertos, civiles en su mayoría, de acuerdo con fiscales colombianos. Estados Unidos considera organizaciones terroristas tanto a las AUC como a las FARC.
En 2007, Chiquita se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos derivados de los pagos, y pagó una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia.
A ello siguieron las demandas colombianas y en 2008 fueron consolidadas ante el juez federal Kenneth Marra de West Palm Beach, que en 2011 rechazó el intento de Chiquita de que fueran sobreseídas. Pero Marra también accedió a permitir que la compañía presentara los casos ante la corte de apelaciones antes de que éstos siguieran adelante en otras instancias.
En un texto en representación de la mayoría en la votación, el juez federal de circuito David Sentelle dijo que el Congreso tendría que actualizar una ley que se remonta a 1789 — conocida como la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (ATS)— para que los colombianos demanden a Chiquita en Estados Unidos.
«No hay otra ley. No hay jurisdicción», escribió Sentelle.
La juez federal de circuito Beverly Martin no estuvo de acuerdo, e hizo notar que las decisiones de Chiquita de pagarles a las AUC fueron efectuadas en la sede de la compañía en territorio estadounidense, suficiente para hacer responsable a la empresa.
«Al no hacer valer la ATS bajo estas circunstancias, temo que desarmamos a los inocentes frente a las compañías estadounidenses que cometen violaciones a los derechos humanos en el extranjero», escribió Martin.
Sentelle, de visita en el 11mo circuito proveniente del circuito del Distrito de Columbia, fue nombrado a la magistratura por el presidente Ronald Reagan. Se le unió en la votación mayoritaria el juez de circuito Peter Fay, nombrado por el presidente Gerald Ford. Martin, que votó en contra, fue nombrada por el presidente Barack Obama.
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