By A poco menos de tres semanas de concluir el proceso electoral, sólo ocho candidatos a diputados federales por Baja California han hecho públicas sus declaraciones; patrimonial, fiscal y de intereses, a través del portal candidatotransparente.mx, tres de ellos son de Tijuana.
Durante el desayuno mensual del Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex) al que asistió la politóloga Dra. Denise Dresser, el presidente del organismo, Lic. Gustavo Fernández De León, refirió que la campaña #3de3 que emprendieron, tiene como objetivo contar con aspirantes honestos, propuestas concretas y compromisos claros.
Si bien, no es una obligación jurídica se debe considerar como un compromiso moral, “no aceptaremos más promesas vacías ni opacidad, todos los candidatos que nacen en la opacidad, están destinados a quedarse en ella; mientras que todos los candidatos que empiezan siendo transparentes, tendrán nuestra confianza de que en su momento, serán funcionarios transparentes”, puntualizó.
Dijo que en Coparmex están convencidos que la transparencia es uno de los pilares de la democracia, una pieza indispensable para la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción; de acuerdo al estudio “México: Anatomía de la Corrupción”, de María Amparo Casar, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto Mexicano para la Competitividad, 9 de cada 10 mexicanos creen que los partidos políticos y las policías, son las instituciones más corruptas del país.
Fernández De León detalló que los partidos políticos lideran la lista como la institución más corrupta con un 91%, seguidos por la policía con un 90% y los funcionarios públicos con un 87%; además, de 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012 por delitos de corrupción, sólo siete fueron consignadas, es decir, únicamente el 1.5%.
El Presidente de Coparmex también aprovechó para externar la preocupación que hay por los hechos delictivos en la ciudad, consideró que “la actual coordinación de las autoridades policiacas y militares nunca será suficiente, si no tenemos un marco jurídico que garantice un proceso en que a la víctima se le proteja y al delincuente se le sentencie”.
Señaló que hoy los procesos y burocracia judicial permiten al delincuente salir impunemente, y las leyes y los derechos humanos han dejado de cuidar a la sociedad, al bien común.
“El llamado es a jueces, magistrados, ministerio público y legisladores para que urgentemente y con conciencia ciudadana, hagan una revisión de estos procesos, independientemente de la importancia de acelerar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, concluyó.
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