By Las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general de manera unánime el dictamen de la iniciativa preferente sobre protección a niños y adolescentes, dejando decenas de reservas a diversos artículos para la discusión en el pleno en la sesión extraordinaria del próximo lunes.
Los perredistas Fidel Demedecis, Raúl Morón y Zoe Robledos se reservaron numerosos artículos, así como el panista Javier Corral.
El dictamen de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes aprobado mantiene sanciones millonarias para los medios de comunicación por la difusión de imágenes de menores, con multas hasta de 4.3 millones de pesos.
Se transforma el DIF en un órgano desconcentrado y deja de depender de la secretaría de Salud, además de asumir nuevas facultades.
El documento que llegará al pleno del Senado, sienta las bases para agilizar las adopciones, en donde el DIF deberá elaborar los listados de niños susceptibles de ser adoptados, inclusive de manera temporal por una “familia de acogida”; se elaborarán listas de los aspirantes a adoptar a un menor y de las personas impedidas para ello.
Asimismo, se crean las Procuradurías de Protección que deberá constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto.
En el caso de las sanciones, el artículo 72 determina que serán precisamente las Procuradurías de Protección y cualquier persona interesada por conducto de éstas, las que podrán promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los medios de comunicación, en los términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para promover acciones colectivas ante el órgano jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre esta materia tengan las autoridades competentes.
En el Título Sexto, de las infracciones, se indica que para la determinación de éstas las autoridades considerarán la gravedad de la infracción, el carácter intencional o no de la acción u omisión, los daños producidos, la condición económica del infractor y la reincidencia.
En el caso de los medios, incluidos los impresos, se sancionará a los concesionarios y al director cuando la difusión o transmisión de información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes o que hagan apología del delito, en contravención al artículo 70 de esta ley y las disposiciones específicas que regulan la difusión y transmisión de contenidos, con multas desde 201 mil 870 pesos hasta 4 millones 37,400 pesos.
También sancionará hasta esas cantidades la realización de entrevistas o su difusión, sin la autorización de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia o custodia. Inclusive si hay el consentimiento, pero hay menoscabo de la honra o reputación del menor.
El artículo 80 establece que la persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
En el caso del bulliyng, tratándose de servidores públicos federales se les sancionará entre 100 mil y 200 mil pesos por propiciar, tolerar o abstenerse de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan conocimiento; en el caso de “quienes laboren” en centros educativos deportivos o culturales, centros de asistencia social o cualquier otra índole la sanción será de hasta 30 mil días de salario mínimo y doble si reinciden.
Previo a la votación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Diva Gastelum, comentó que se revisaron 44 diferentes iniciativas para concretar el dictamen.
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