Alrededor del mediodía del 24 de junio, le fue notificado al Ayuntamiento la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en consecuencia del juicio iniciado por la empresa Sistemas de Compactación de Residuos S. A.
El Secretario del Ayuntamiento, Francisco Iribe Paniagua, manifestó que dicha resolución decreta que el procedimiento tuvo vicios de origen e injustamente se le impidió participar a la empresa citada, por lo que ordenó al comité de Concesiones y Permisos a que regresara a la etapa del registro.
Explicó que algunos de los requisitos, al momento de aspirar a la licitación, no se los hicieron valer a la empresa Sistemas de Compactación, siendo que no había razón para ello.
El día de ayer, convocaron al comité el cual está conformado por el Secretario, Iribe Paniagua, el Síndico Procurador, Humberto Zúñiga, los regidores Abraham Medina y Alejandro Gudiño, la Oficial Mayor, Maribel Avilez, el director de Obras y Servicios Públicos, Fernando Salazar Goycoolea, y el Secretario Técnico Javier Ocampo, los cuales tomaron conocimiento de la notificación del Tribunal, y no les quedó más que acatar la resolución en sus términos, y notificar a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna.
“Es decir, se quedaba sin vigencia legal y consecuentemente tendríamos que recuperar para operar el gobierno municipal, todo lo que es el proceso que había sido concesionado” expresó Iribe.
Después, dichos funcionarios municipales se trasladaron a las instalaciones del Centro de Transferencia Xochimilco, al relleno sanitario ubicado en el kilómetro 25 en la carretera a San Felipe, y al del ejido Oaxaca, donde tomaron las instalaciones sin problemas, por lo que actualmente están operando en conjunto con los pepenadores de manera regular.
El Cabildo, es quien debe decidir de manera colegiada si se volverá a concesionar el servicio del tratamiento de la basura, por lo que a la fecha quien lo está realizando son los empleados del ayuntamiento, de Obras y Servicios Públicos Municipales, dijo el Secretario del Ayuntamiento.
Reiteró que quien podría sancionar a los funcionarios municipales que permitieron tal concesión de manera irregular, sería la Sindicatura o el Órgano de Fiscalización.
Por último, el funcionario manifestó que la deuda que se tiene a la fecha con la empresa Promotora Ambiental de la Laguna es de alrededor de 75 millones de pesos.
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