By A casi nueve meses de ser advertidos que serían desalojados de la zona comercial y turística La Bufadora, a raíz de un fallo federal derivado del expediente 666/2010, los locatarios han perdido el 28% del casi millón de pesos que gastan los visitantes por semana.
Darvy Batallar Gómez, vocero, estimó ayer las pérdidas en el ingreso bruto de las ventas, además de que también sufren «afectaciones psicológicas» por la tensión generada ante la posibilidad de dejar los negocios y salir de la zona.
El representante lo refirió durante la última manifestación realizada en la Plaza Cívica de la Patria, sitio en el que un grupo de alrededor de 40 comerciantes portaron diversos mensajes y gritaron consignas contra el Juez Séptimo de Distrito Víctor Manuel Bravo Melgoza, además de elaborar una representación para criticar al sistema judicial mexicano.
«28 % de ingreso bruto en las ventas de los locatarios es la afectación económica. La derrama económica por cada crucerista oscila, más o menos en este momento, en 33 dólares por persona. Si nosotros tenemos un estimado de cruceristas a la semana de 2 mil, estamos hablando aproximadamente de 800 mil a 900 mil pesos semanales.
«A esto hay que descontarle ese 28 % y a eso hay que prorratear ese ingreso, entre comillas, en la derrama económica que cada uno de los 147 locales se lleva a su familia», explicó.
Batallar Gómez enfatizó que la afectación es real y no solamente en cuanto a imagen turística, pues ellos buscan posicionar al destino turístico en forma competitiva y que sea cada vez más atractiva para los habitantes.
«No nos interesa la mala imagen. Estamos por darle a La Bufadora y a Ensenada nuestra contribución para que el desarrollo económico y turístico siga adelante», afirmó.
Pleito largo
El conflicto legal y las repercusiones en los comerciantes fue publicado por El Vigía el pasado 28 de noviembre del 2013, luego del comunicado enviado en ese tiempo por personal de la Dirección Jurídica del Ejido Coronel Esteban Cantú.
En ese tiempo, fue divulgado que los locatarios que no contaran con su respectivo contrato de arrendamiento serían desalojados y que incluso se utilizaría la fuerza pública.
Lo anterior, tras la notificación del Comité Técnico del Fideicomiso para la Construcción y Administración del Centro Comercial La Bufadora, fechado al 13 de noviembre; de acuerdo al texto, el Ayuntamiento debería llevar a cabo el fallo y restituir física y materialmente una superficie de 14 mil 553.5141 metros cuadrados, que al parecer es propiedad del ejido citado.
La nota también destacó porque en caso no de obedecer, el presidente municipal Gilberto Hirata Chico y el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, serían acusados de desacato y destituidos del puesto, por lo que desde entonces han interpuesto recursos legales para evitar el castigo del poder judicial.
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