By La reforma aún no rinde frutos en su misión principal:la educación de calidad
PEÑA NIETO ADQUIRIÓ el compromiso con la educación. Formuló una iniciativa y concitó la voluntad de prácticamente todas las fuerzas políticas para que fuera aprobada a menos de un mes del inicio de su gestión. Vinieron después las leyes generales y secundarias que obligaron a su adopción a nivel nacional y a precisar los lineamientos generales de política pública que debían acompañarlas.
La reforma ha tenido logros. Las evaluaciones de los maestros tienen ahora consecuencias. Se hizo público el padrón de docentes. Se centralizó la nómina magisterial para eliminar o al menos, disminuir los pagos ilegales o irregulares. Se terminó con la práctica corporativa de heredar o vender plazas. Se concursaron más de 85 mil plazas para directores, supervisores y asesores-técnicos pedagógicos en educación básica y media superior. Todo esto es lo que puede lograrse cuando las tres ramas de gobierno trabajan de manera conjunta y con la sociedad civil.
Cada una desde su ámbito de acción, pero todas en una misma dirección. A pesar de estos logros, la reforma aún no rinde frutos en su misión principal: la educación de calidad. La mayoría de los maestros obtienen calificaciones que eufemísticamente se caracterizan como “no idóneas”. No se ha instituido un sistema nacional para preparar a los maestros que tienen una formación deficiente, los programas de estudio no han sido revisados, la velocidad a la que se evalúan los maestros no es suficiente.
La infraestructura es más que precaria. Según la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), en casi cinco de cada diez escuelas primarias se carece del conjunto de servicios básicos como agua, luz y drenaje. Casi la mitad (46 por ciento) no cuenta con una cancha deportiva. Solamente en cuatro de cada diez escuelas se puede acceder a una computadora que funcione y sólo en 23 por ciento de los planteles hay acceso a internet.
No se están logrando los aprendizajes esperados que serán al final del camino, los indicadores del éxito de la reforma.
Recientemente fue publicado el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal 2016 que ofrece un comparativo “justo” entre las entidades. “Justo” porque hace un ajuste de las condiciones de inercia heredadas de un pasado con desarrollo desigual y no exige lo mismo a la Ciudad de México que a Chiapas que tienen un punto de arranque muy distinto.
En el ranking que presenta este estudio se mide el cumplimientode la responsabilidad educativa-estatal, el aprendizaje y permanencia de los alumnos y las condiciones educativas. Aguascalientes es el estado con mayor puntaje (7.4 sobre 10), seguido de Zacatecas, Colima y la Ciudad de México. Los tres últimos lugares los ocupan Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
El índice no mide la captura de las secretarías de educación locales por intereses ajenos a la labor educativa, pero podría hacerlo. En estos estados, la autoridad educativa no cumple con sus funciones, el aprendizaje y la permanencia son los más bajos, los maestros presentan la preparación inicial menos adecuada, las condiciones materiales son las más precarias y la participación de las familias es prácticamente inexistente. Recuperar la rectoría estatal de la educación fue uno de los principales objetivos de la reforma, y el Estado mexicano está obligado a lograr ese objetivo.
No tiene que hacerlo con violencia, pero tiene que hacerlo. Un sindicato puede y debe estar obligado a mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida de sus agremiados, pero no a preservar los privilegios políticos y económicos de sus líderes, mucho menos a costa de la educación y de los derechos de la población en general.
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