Buscan penas más severas para fraude y despojo inmobiliario en BC

El diputado reconoció que el despojo inmobiliario y el fraude relacionado con operaciones de compra-venta representan una práctica grave, muchas veces vinculada al manejo de pagos en efectivo. Señaló que, aunque existen límites legales para las transacciones, el tope actual —que ronda los 900 mil pesos— resulta elevado, sobre todo cuando no solo se trata de compra-venta de inmuebles, sino también de cesiones de derechos, una figura que suele ser utilizada para encubrir operaciones irregulares.

Molina explicó que, se  están analizando iniciativas enfocadas no solo en endurecer las penalidades, sino también en revisar la participación de actores que pueden estar involucrados en estos actos ilícitos. Entre ellos mencionó a corredores públicos, notarios, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y abogados litigantes especializados en el ramo inmobiliario, con el objetivo de establecer sanciones más específicas y agravadas que permitan proteger el patrimonio de las personas.

En este contexto, el diputado hizo un llamado directo a la ciudadanía para actuar con cautela al momento de adquirir una propiedad. Advirtió que muchas ofertas atractivas esconden irregularidades legales y recomendó verificar cuidadosamente que se trate de una propiedad debidamente registrada, y no de una posesión, una cesión de derechos o incluso un juicio en proceso, situaciones que pueden derivar en la pérdida total del patrimonio.

Finalmente, Juan Manuel Molina subrayó que el problema requiere atención urgente debido al creciente número de casos registrados, y adelantó que se preparan reformas legales  para fortalecer el marco normativo. Mientras tanto, exhortó a la población a asesorarse antes de concretar cualquier operación inmobiliaria y a no apresurarse en decisiones que, aunque atractivas en apariencia, pueden tener consecuencias legales y financieras irreversibles.