By El pasado primero de octubre, los cinco municipios de Baja California mutaron de color oficial, de caras y nombres de sus funcionarios de elección y de designación. Como sabemos, lo mismo habrá de suceder este primero de noviembre, fecha en que estarán asumiendo las tareas del gobierno estatal una nueva oleada de personajes ligados todos al nuevo gobernador de la entidad, ingeniero Jaime Bonilla Valdez. Así se cierra un ciclo político y se abre uno nuevo en toda la entidad.
Llegan así en muchos casos nuevas caras al poder público, pero ello no implica que la grave problemática que hoy tenemos se resuelva por arte de magia; problemas que los gobiernos salientes no lograron resolver y que en gran parte fue por eso mismo que terminaron por alejarlos de los electores. Y es que en los hechos gran parte de esta problemática tiene como detonante la escasez de recursos presupuestales, en una entidad que se volvió dependiente de los apoyos extraordinarios que recibía de la federación para mantener un cierto margen de gobernabilidad.
Esta estrechez financiera puso en jaque a los gobernantes del PAN, y por más que buscaron responsabilizar al gobierno federal por esa crisis presupuestal fue evidente que no tuvieron el mayor efecto en el ánimo de los electores. Ahora, los nuevos gobernantes, están en los zapatos de los que se fueron o están por irse y apenas inician ya están solicitando nuevos préstamos, como es el caso del Ayuntamiento de Tijuana, que alzó la mano para pedir 200 millones de pesos para hacerle frente a esta cruda realidad.
No es nada nuevo que los políticos ofrezcan soluciones para todo durante el periodo de campaña, siendo la política el arte de lo deseable, mientras que el gobernar es en cambio el arte de lo posible, de lo que realmente se puede hacer con la disponibilidad de recursos existentes. Y por más voluntarismo gubernamental que pueda existir, la capacidad de gobernar depende en gran medida del recurso presupuestal, lo cual nos dice que esta crisis que tiene la entidad y que afecta a todos los sectores de la población puede volver a golpear a los nuevos gobernantes que generaron muchas expectativas y que aún no se sabe si el gobierno federal esté dispuesto a regresar al modelo de los apoyos extraordinarios cada vez que se requieran, posibilidad que se antoja muy remota.
Las prioridades del gobierno federal ya están muy definidas, y en ese sentido se están asignando los recursos disponibles, y muy difícilmente se estarán subordinando a las prioridades locales.
En este sentido el mayor reto de los nuevos gobernantes es sin duda generar un proceso de construcción de confianza desde la base de la sociedad, y ello implica contar con toda clase de aliados que verdaderamente le sumen, que sean portadores de soluciones más que de peticiones.
De ahí la importancia del sector educativo, principalmente de nivel medio superior y superior que tiene la capacidad de conectarse con los diversos sectores de la población y tal y como ya lo están planteando los directivos de planteles federales, que efectivamente pueden involucrarse en programas para promover una nueva cultura contributiva para fortalecer las finanzas públicas y con ello el propio gasto social. Saben bien que de ello depende la vitalidad del presupuesto educativo.
Se trata de una visión distinta que nos llama la atención. No es común que esto suceda, pero es así como se puede hacer realidad la especie de que toda crisis entraña una oportunidad, y que viene a ser la oportunidad de lograr que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones para exigir una mejor rendición de cuentas.
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