La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por unanimidad, con 18 votos a favor, el dictamen de la iniciativa que expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios y lo turnaron para su discusión en el Pleno.
El documento también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El dictamen fue elaborado por un grupo plural de trabajo de senadores y diputados, que la Comisión Permanente aprobó crear el pasado 21 de enero para revisar esa ley y demás disposiciones, a fin de realizar las reformas necesarias para prevenir y evitar que se presenten casos como el de Ficrea.
Esa sociedad financiera fue liquidada por las autoridades correspondientes en diciembre pasado, tras haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de dos mil 700 millones de pesos, con afectación a más de seis mil 800 ahorradores.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular figura entre los temas prioritarios que los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en ambas cámaras, acordaron aprobar en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.
El dictamen establece que las sociedades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, como instituciones socioeconómicas, están destinadas a hacer frente a las constantes necesidades que, de forma progresiva, se producen en el contexto actual respecto de la población que atienden.
Identificaron a esta población como de bajos ingresos, ubicada en zonas alejadas de centros urbanos o que no tienen acceso a los servicios de la banca tradicional.
Se recuerda que la intervención de Ficrea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular en Liquidación, derivó de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo.
A esta situación se agregó la falta de transparencia e integridad de la información, así como a la falta de disposición de la Sociedad para atender de manera adecuada los requerimientos de información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se hicieron evidentes algunas debilidades y oportunidades de mejora en el marco legal que aplica al sector y sus diferentes participantes”, las cuales se atienden en este dictamen.
Con estas reformas se promueve una operación más profesional y segura por parte de los intermediarios, a la vez que se brindan mayores facultades de actuación a las autoridades.
SE PREVÉN TRES EJES FUNDAMENTALES:
- Contar con un sector popular eficiente y sólido
- Fortalecer los mecanismos de supervisión, atendiendo a las particularidades de las sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, así como el fortalecimiento de las facultades de las autoridades.
- Mejorar la protección de los ahorradores.
En la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular se recogen muchos de los elementos que se establecen en la ley vigente que han resultado ser efectivos y se efectúan algunas adecuaciones.
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